A seis meses de que el Congreso aprobara la acusación constitucional en contra de los entonces ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, el primero de ellos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un proceso "viciado".
Según consigna El País, el abogado del exsupremo, Ciro Colombara, cree "evidente" que la acusación, el proceso y la posterior destitución de Muñoz "tuvieron entre sus propósitos vulnerar el principio de independencia judicial. Hubo una revancha política respecto de los fallos que emite la Corte Suprema, una injerencia indebida a la labor de jueces y juezas, mediante una interpretación vaga y amplia sobre la definición del notable abandono de deberes, que no se circunscribe a los lineamientos dados por el sistema internacional de protección a los derechos humanos".
