Sobre la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que sumó como nuevo antecedente la filtración de un "pinchazo" telefónico al exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, se refirió la ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, y su par de Segpres, Macarena Lobos.
La conversación difundida y que llevó a La Moneda a volver a dar explicaciones por el caso, corresponde a una que el frenteamplista sostuvo con su madre, Claudia Serrano (PS) el pasado 7 de enero. En ella, el frenteamplista cuenta que Allende "llamó hasta el portero del ministerio" para avanzar en la adquisición del inmueble, y asegura que la entonces parlamentaria tuvo "mucha responsabilidad" en la trama.
El diálogo de Crispi volvió a instalar la fallida compra en La Moneda, donde emplazaron al fiscal Patricio Cooper a explicar la solicitud que hizo de intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric en el marco del Caso Procultura, la que fue negada por tribunales.
En conversación con Súbela Radio, Etcheverry apuntó que "como lo hemos repetido en otras ocasiones, el Gobierno está siempre absolutamente disponible a colaborar con todas las instancias judiciales. El propio Presidente lo ha dicho él en sus propias palabras y lo ha demostrado con hechos".
"Ayer se conocieron trascendidos. Los trascendidos, al igual que las filtraciones, no son buenos para las instituciones ni para los procesos y dada la notoriedad de lo que se conoció ayer, nosotros hicimos una declaración señalando precisamente que aquí podía eventualmente comprometerse seguridad nacional y que era por eso importante aclarar", agregó.
En cuanto a si ha habido una respuesta de la fiscalía, la portavoz del Ejecutivo indicó que "esto es un proceso en curso. Como le decía ayer, nosotros hicimos la declaración que hicimos porque era importante relevar aquel punto, pero hoy día no tenemos nada nuevo que agregar. No, no ha habido novedad".
Segpres
En conversación con Radio Infinita, Lobos fue consultada por un mea culpa de Segpres sobre el intento de compra. "En el caso de la Secretaría General de la Presidencia correspondía a un tema muy acotado, que fue la validación del Decreto Supremo 38, que ver si estaba ajustado a legalidad, tal como lo validó la Contraloría General de la República. Efectivamente ese decreto estaba ajustado en ese rol acotado, que era autorizar la compraventa de un inmueble, más allá de lo que a futuro en los pasos sucesivos de estas ventas, que tienen distintos pasos, pudiera ocurrir con la estructura propietaria, que tenía que velarse", detalló.
Y agregó que "la materialización de la compra-venta, que es donde se materializan las inhabilidades del artículo 37b y 66 de la Constitución respectivamente, si se trata de una ministra de Estado o una parlamentaria, era el momento de suscribir la compraventa, y en el lapso desde que se habilita la compra y que se concreta la compra-venta, podrían haber pasado cambios de estructuras propietarias que no generaran la inhabilidad posterior".
Consultada por los dichos el fiscal Cooper, quien sinceró que le llamaba la atención que se hable de este tema cuando se afecta a ciertas personas y no a otras, como por ejemplo, narcotraficantes, la ministra aseveró que "siempre lo hemos dicho también como Ejecutivo, nadie está por sobre la ley, las instituciones tienen que respetarse y por tanto la fiscalía, en el ejercicio de sus facultades, tendrá que acreditar que efectivamente se dan los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan grave como esa".
Sobre la pertinencia de la intervención del teléfono del Presidente, la titular de Segpres señaló que "tal como lo dijo la ministra Etcheverry, y efectivamente en el caso del Presidente de la República, la máxima autoridad, hay conversaciones y temas que son de poder involucrar a la seguridad nacional, que son reservados".
"El Código de Procedimiento Penal, establece que en estos casos, cuando se trata de materias que pueden afectar la seguridad nacional y que son secretos o reservados, el estándar es mucho más alto, porque no es solo el juez de garantía el que tiene que dar la autorización, sino la propia Corte Suprema", aseveró.
