El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la investigación del caso ProCultura, se ha visto de nuevo envuelto en polémica tras el "pinchazo" al teléfono del exjefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi (FA).
El persecutor es conocido por liderar causas de alta connotación pública, como los de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la arista del caso Convenios por la Fundación ProCultura, y el presunto fraude al Fisco en la compraventa de la exclínica Sierra Bella durante la administración de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).
Hasta 2023, Cooper se desempeñó como jefe de la Fiscalía Local Santiago Poniente, en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Fue a fines de ese año que el fiscal nacional, Ángel Valencia, lo seleccionara para encabezar la Fiscalía Regional de Coquimbo, donde asumió el cargo el 6 de febrero de 2024.
Tras desarrollar una carrera enfocada en el ámbito privado, el año 2000 ingresó al Ministerio Público. Se especializó en delitos sexuales y violentos, pasando por jurisdicciones como Loncoche, en la Región de la Araucanía; Viña del Mar, en Valparaíso; y en la Metropolitana en las comunas de Independencia y Recoleta.
Tras su llegada a Santiago, lideró algunas causas vinculadas al estallido social de 2019 y en 2021 participó en la investigación del caso de Rodrigo Rojas Vade, el exconvencional de la Lista del Pueblo que engañó al país al asegurar que tenía cáncer, y por lo que un año después fue condenado a 61 días de presidio y pago de una multa por el delito de estafa residual.
Fue a partir de esta investigación que comenzó a participar de indagatorias vinculadas a casos políticos.
Caso Sierra Bella
En 2023, antes de llegar al Ministerio Público en Coquimbo, Cooper comenzó a indagar posibles delitos en la compra de la exClínica Sierra Bella ubicada en la comuna de Santiago, mientras el municipio era liderado por Irací Hassler (PC).
El caso también involucró a la diputada Karol Cariola (PC), quien habría solicitado favores en beneficios del empresario chino Bo Yang.
Cooper fue cuestionado luego de que el Ministerio Público y personal de Policía de Investigaciones (PDI) realizaran un allanamiento al domicilio de la diputada para incautar sus aparatos tecnológicos, lo que ocurrió mientras la parlamentaria daba a luz a su primer hijo.
Tras la polémica, se determinó que Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, quede a cargo de la arista de investigación de las filtraciones en el caso de Karol Cariola. En tanto, Cooper continuaría a cargo de la investigación en general, según sus propias palabras, por "un mínimo de objetividad".
Diputados oficialistas, liderados por miembros del Partido Comunista, presentaron ante la Corte Suprema una solicitud de remoción de su cargo en contra del fiscal de Coquimbo.
Pese a que Cooper habría enviado un texto a la Corte Suprema para declarar inadmisible el recurso, el máximo tribunal dio luz verde a la solicitud de remoción que ahora está en período de prueba a cargo de la ministra de la Corte, Mireya López.
Caso ProCultura
En junio de 2024, Valencia también designó a Cooper para liderar una de las aristas más sensibles del caso Convenios, que involucra a la Fundación ProCultura y su presidente, el psiquiatra Alberto Larraín, por millonarias transferencias por convenios con diferentes reparticiones gubernamentales.
Los antecedentes apuntan a que los traspasos ascenderían a $5 mil millones. Sólo en 2022, año en que asumió el actual Gobierno, los montos llegaron a $3.282 millones en contratos.
El persecutor llegó ahí en reemplazo del fiscal regional del Aysén, Carlos Palma, luego de que se abriera una investigación en su contra por vínculos con el abogado Luis Hermosilla en el marco del Caso Audios. Además de esa investigación, Palma es indagado por violación de secreto, debido a la entrega de información al penalista sobre una causa por narcotráfico.
En el marco de ProCultura, en octubre pasado el persecutor tomó declaración de la exprimera dama, Irina Karamanos, imputada en el caso luego de que un informe de la PDI revelara que la antropóloga realizó cinco abonos de cerca de un millón de pesos a la cuenta bancaria de ProCultura.
Por eso, se le investiga por presuntos vínculos y movimientos bancarios hacia la fundación de Larraín. Sin embargo, la expolola del Presidente Gabriel Boric ha negado el hecho y ha expresado que la única transacción con la fundación fue el pago de sus honorarios por servicios que prestaba.
La causa también salpica al gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego que la autoridad regional designara a Larraín como uno de los tres directores del directorio de la Corporación Desarrollo Territorial y Turismo, de acuerdo a lo que consta en un acta de sesiones del Consejo Regional del 8 de junio de 2022.
En el marco de un programa de prevención del suicidio llamado "Quédate", la Gobernación de la Región Metropolitana fijó un millonario convenio con ProCultura, ya que la organización recibió $1.683 millones por la implementación de la iniciativa.
Al respecto, Orrego mencionó "¿si me arrepiento del hecho de ProCultura? Mirando lo que pasó, obviamente. Me siento muy traicionado por una institución (...). No me arrepiento del programa, sí me arrepiento de que la institución que elegimos y las personas que estaban nos traicionaron".
A lo anterior se sumó que ayer se reveló que en el marco de la causa, el fiscal Cooper solicitó a un tribunal intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric, lo que fue posteriormente rechazado. Desde el Gobierno han reaccionado al tema y pidieron "aclaraciones" a la fiscalía, asegurando que no es posible debido a que podría "comprometer la seguridad nacional".
Casa de Allende
Cabe señalar que el pasado fin de semana se reveló un "cruce" entre la indagatoria por los convenios de ProCultura y la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
En el marco de ProCultura, tras un pedido de Cooper se autorizó interceptar el teléfono de Miguel Crispi, el exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda y exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en 2022, al momento en que ocurrieron varios traspasos a la fundación.
Fue una escucha telefónica de Crispi con su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), la que motivó a la fiscalía a indagar la fallida venta del inmueble ubicado en Guardia Vieja, Providencia.
"O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Wev..., wev..., wev..., que se haga, que se haga así... Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende", expuso en la conversación.
Cabe recordar que este hecho terminó con las salidas del Gobierno de la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y de la extitular de Defensa, Maya Fernández.
Además, se sumó a la lista la exsenadora socialista e hija del expresidente, Isabel Allende, quien fue destituida por el Tribunal Constitucional por "incompatibilidad" en la venta del inmueble de su padre que desde el Ejecutivo buscaban convertir en museo.
