Ayer lunes 28 de abril, La Moneda concretó la presentación de una querella por ley antiterrorista en contra del grupo radical Weichán Auka Mapu, conocido por su siglas WAM, por su presunta responsabilidad en el atentado incendiario al proyecto de Central Hidroeléctrica Rucalhue, donde más de 50 maquinarias fueron destruidas.
En el documento ingresado por los abogados Francisca Souper y Felipe Guerrero, en representación del ministro Luis Cordero Vega, se detallan los fundamentos que llevaron al Ejecutivo a invocar la ley antiterrorista.
Como primer punto, el Gobierno denuncia que
el acto terrorista fue cometido por una "pluralidad de personas", algo que considera la Ley N° 21.732, donde se describe que "para conformar una asociación de carácter terrorista es necesario que se esté en presencia de un colectivo compuesto por tres o más personas".
Al respecto, plantea el Ejecutivo, en los hechos ocurridos el pasado 20 de abril "queda claro que la asociación responsable está compuesta por un grupo numeroso de personas (…) única manera de explicar su capacidad para perpetrar atentados de esas características".
También se indica que hay una organización funcional tras el ataque. "El diseño y ejecución de los atentados presentes en la querella da cuenta de un colectivo dotado de una organización interna y distribuciones de funciones que permitió la ejecución de tareas claras y debidamente planificadas con anterioridad", consigna la querella.
Asimismo, se menciona una estabilidad temporal o acción sostenida en el tiempo, algo que considera la ley antiterrorista. "En el presente caso, entre las agrupaciones de carácter radical que actúan en la zona bajo esa forma de comisión y que marca una coincidencia con los fines y requerimientos perseguidos, se encuentra la WAM, quien ha protagonizado diversos atentados".
En este caso, los querellantes mencionan 10 ataques efectuados en distintas zonas de la Macrozona sur entre 2023 y 2025. "Esto permite concluir que la WAM ha mantenido acciones que son sancionadas por la ley de manera sostenida en el tiempo y con las características propias de una asociación terrorista".
El Gobierno también hace mención a la existencia de un plan delictual. "Los delitos mencionados (…) permite fundar el 'programa delictivo' de la asociación, así como el delito fin realizado por los querellados en Rucalhue, toda vez que se han incendiado camiones, los que se encontraban en instalaciones dentro de un poblado, agravando el hecho la circunstancia de haberse cometido mediante el uso de armas de fuego".
"Lo anterior es sin perjuicio de que durante la investigación pueda acreditarse que la asociación en cuestión ha cometido o planeaba la comisión de otros ilícitos distintos de los señalados", agregan.
En esa línea, se describe que hay finalidades o aptitudes específicas. "El colectivo asociativo, para calificar como terrorista, debe desarrollar sus actuaciones con objetivos o finalidades concretas, que pueden ser el socavar o desestabilizar las estructuras de Estado o imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado".
"El ataque incendiario a estas instalaciones son una afrenta a las estructuras del estado democrático, con la concreta pretensión de desestabilizar aquellas, toda vez que los hechos además de contener la más alta gravedad específica, tienen un sentido expresivo en su ejecución y resultados especialmente graves, pues corresponden al atentado incendiario más grande registrado en la zona", fundamenta el Ejecutivo.
Y continúan: "Para entender que el delito de asociación terrorista no es necesaria la verificación de un resultado preciso que se relacione con la finalidad concreta señalada, bastando con que el o los sujetos activos persigan dicha finalidad. No obstante, el lienzo reclama la 'libertad a Luis Tranamil y todos los presos políticos mapuches' busca, a todas luces, imponer una decisión a una autoridad del Estado democrático, en este caso el Poder Judicial".
Por último se menciona la conducta típica de tomar parte en la asociación terrorista. "El rol que desempeñan todos quienes pertenecen al colectivo y aportan, permiten o facilitan la realización de su objeto social, de manera directa o indirecta, mediata o inmediata. La penalidad asociada a la conducta típica dependerá de la forma de participación específica", concluye.
