En condiciones de acudir al
Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se encuentran los consejeros de oposición, luego que la bancada de republicanos -11 consejeros-, lograran este viernes el apoyo de sus pares de la UDI, es decir, 4 respaldos adicionales que les permiten superar el tercio requerido para presentar un requerimiento de destitución contra el gobernador regional de la RM, Claudio Orrego.
El gobernador atraviesa por estos días un complejo escenario a raíz del informe de Contraloría que, entre otros aspectos, cuestionó el pago por $31 millones de un "coaching ontológico" que se realizó a la autoridad por parte de Vera y Asociados, que de acuerdo al ente fiscalizador, habría incluido sesiones relativas a su campaña de reelección. Además, se cuestionan otras contrataciones millonarias con dos empresas: AJEM e IDOM.
Esto motivó a que consejeros de oposición, especialmente Republicanos, activaran la ofensiva y, en su rol fiscalizador, decidieran acudir al Tricel para que se revisen los antecedentes y se determine la destitución del gobernador. Pero además, los consejeros han cuestionado los eventuales nexos de Orrego con la arista
ProCultura, incluyendo el convenio que tuvo un término anticipado, y por el que el gobierno regional reclama montos por más de $1.000 millones.
Pese a que Orrego encabezó una tensa sesión plenaria el miércoles, que incluyó el detalle de los contratos, montos, e incluso un perfil de Juan Vera -dueño de Vera y Asociados-, no convenció a los consejeros opositores, quienes le solicitaron, entre otras cosas, el detalle de todas las sesiones de coaching que sostuvo.
En paralelo, la arista ProCultura está radicada en Fiscalía -en la que Orrego declaró en calidad de imputado en diciembre de 2024-, pero también se suma la indagatoria abierta por la Fiscalía Regional Oriente tras el informe de Contraloría, causa que fue asignada a la Fiscal Constanza Encina de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Las vías para la destitución
A raíz de la acción de los consejeros de oposición, ¿qué mecanismos existen para que se inicie una acción de este tipo contra un gobernador?
Una vía es la judicial. Y en este caso, dependerá de cómo avance la indagatoria de la Fiscalía tanto en la causa por ProCultura o por la causa abierta en torno al informe de Contraloría.
Otro mecanismo, es precisamente el que han levantado los consejeros de oposición: acudir al Tricel. Como ya se ha mencionado, para acudir a este tribunal los consejeros necesitan tener al menos un tercio de firmas en el consejo que respalden la acción. Además, deben presentar un escrito, con una correcta argumentación jurídica, que justifique el requerimiento de destitución.
El Tricel, en tanto, analizará el documento y podrá fallar -en una única instancia-, si acoge o no la solicitud de destitución. Si se acoge, queda destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años.
El caso de Orrego ha tenido algunas comparaciones con el del la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, puesto que también involucra contrataciones de asesorías. Y en ese caso en concreto, el Tricel también tomó parte. En diciembre de 2020, el Tribunal Electoral Regional (TER) había sancionado a Rojo por "contravención grave a las normas de probidad y notable abandono de deberes", y se le aplicó la sanción de inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos. Pese a que Rojo reclamó, el Tricel mantuvo la sentencia del TER.
Aunque también se ha mencionado que se podría cursar una acusación constitucional, Antonio Leiva académico de la de Facultad de derecho Universidad Andrés Bello, explica que "los gobernadores regionales no pueden ser acusados constitucionalmente. La Constitución Política de la República establece expresamente cuáles son los las autoridades que pueden ser acusadas constitucionalmente, y entre ellas no se encuentra el gobernador regional".
"Allí aparecen autoridades determinadas como el Presidente de la República, los ministros de Estado, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros, como algunas autoridades de carácter territorial como los delegados presidenciales, pero no están señalados los gobernadores regionales", subrayó.
¿Qué pasaría un gobernador fuera destituido?
Hay dos figuras clave que entran como actores en caso de que un gobernador sea destituido. El consejero regional más votado y el administrador regional.
El administrador regional asumiría, tal como lo dice su nombre, las funciones administrativas, en términos simples: hacerse cargo de aquellas firmas que se requieren para efectos de funcionamiento, procesos, iniciativas de la gobernación. En este caso, sería Manuel Gallardo.
En tanto, el consejero regional más votado (en caso de la RM, sería el core UDI, Álvaro Bellolio), sería el encargado de asumir la presidencia del consejo regional, las que tienen un promedio de 2 sesiones al mes. Se trata de un cargo más bien protocolar.
El consejo, en tanto, debe reunirse, de manera extraordinaria, para votar por quién será el nuevo gobernador regional y elegir un nombre entre los 34 consejeros regionales.
El nombre elegido debe obtener mayoría absoluta (50%+1); si eso no se concreta, debe haber una segunda votación, donde el nombre propuesto también debe obtener la mayoría absoluta. Si aquello nuevamente no ocurre, ganaría el consejero con mayoría simple. Si hubiera un empate entre consejeros, ganaría aquel con más votos.
