Opiniones divididas generó el envío de
dos proyectos de ley del Gobierno que buscan fortalecer la seguridad en los recintos educacionales. Esto, a raíz de la oleada de violencia escolar que se ha agudizado en los últimos meses.
Al presentar los proyectos este martes en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast recordó el inédito crimen en un colegio de Calama, donde un alumno dio muerte a una inspectora, además de dejar a tres alumnos y a una segunda inspectora heridos.
"Hay un antes y un después del asesinato de Victoria Reyes en Calama. A todos nos conmovió, nos afectó y nadie podía creer lo que estaba ocurriendo", sostuvo el Presidente.
En concreto, se trata de dos proyectos ley: el primero, modifica el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal en delitos contra la comunidad educativa y recintos educativos.
El segundo proyecto, en tanto, denominado "Escuelas Protegidas", que incluye las medidas de revisión de mochilas, brindas a docentes la posibilidad de implementar medidas "pedagógicas, correctivas y disciplinarias", sanciones por interrupción de clases, y reglamentos internos que prohíban el uso de accesorios como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro elemento que impida la identificación facial.
El proyecto también incorpora entre los requisitos para acceder a la gratuidad en la educación superior en Chile, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública.
Oficialismo
Desde la UDI recordaron que la propuesta de perder acceso a la gratuidad universitaria es propuesta de la tienda, por lo que valoraron que el Presidente recogiera la iniciativa.
El diputado del gremialismo, Ricardo Neumann, sostuvo que "es de sentido común que quienes han cometido actos violentos no accedan a beneficios financiados por todos los chilenos. La gratuidad debe estar al servicio de quienes respetan las normas, no de quienes las vulneran".
Asimismo, destacó que el proyecto contempla una excepción para menores sancionados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, permitiendo a los tribunales levantar la inhabilidad cuando exista reinserción efectiva, compatibilizando así responsabilidad y oportunidades.
Finalmente, el diputado sostuvo que "la educación debe volver a ser un espacio seguro, pero también un espacio de formación. Porque cuando se pierde el respeto en la sala de clases, se empieza a perder en todo el país", llamando a todos los sectores políticos a respaldar la iniciativa.
Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN), sostuvo que "nosotros vamos a apoyar el proyecto presentado por el Gobierno. Nos parece que es muy importante recuperar la autoridad no solamente a directores, profesores, personal administrativo, sino para restablecer el orden en los colegios".
No obstante, expresó que "queremos revisar el contenido de ese proyecto en detalle, porque nuestra convicción es que poner orden también tiene que ver con pensar en que esa persona, que puede haber cometido un delito, puede haber cometido una falta, puede haber cometido un error, tiene que tener perspectivas de reinserción y de rehabilitación. Y, por lo tanto, veamos cómo está redactado eso".
En diputado Tomás Kast (Evópoli), sostuvo que "me parece que van en la dirección correcta porque se hacen cargo de las preocupaciones de apoderados, profesores y estudiantes, que han visto cómo en el último tiempo la inseguridad se volvió un tema recurrente".
"Yo veo en estas iniciativas puro sentido común, porque cuando la violencia entra a la sala de clases lo que se necesita es condenarla, desincentivarla y castigarla; sin embargo, esto debe ir de la mano con fortalecer la reinserción, dejando en claro que aunque las consecuencias serán severas, siempre habrá una oportunidad para corregir el camino y rescatar a nuestros jóvenes antes de que sea demasiado tarde", subrayó.
Oposición
Desde la oposición hubo duras críticas, donde cuestionaron que el proyecto no contempla materias como salud mental, o que existen "problemas prácticos" como determinar quiénes serán los encargados de revisar las mochilas de los estudiantes.
La diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la comisión de Educación de la Cámara, utilizó su cuenta de X para cuestionar los proyectos. "Para el gobierno, gobernar es controlar más que educar. Revisar mochilas, prohibir gorros y quitar la gratuidad. Educar parece opcional. La educación pública no merece este Kastigo (sic)", escribió.
Por su parte, el diputado César Valenzuela (PS) comentó que "estamos viviendo situaciones de violencia en los establecimientos educacionales que son gravísimos, y por tanto me parece que no hay que descartar la aplicación de ninguna medida. No obstante, los proyectos que ha anunciado el gobierno tienen problemas".
"Tienen un problema de fondo, porque no estamos viviendo un problema de violencia escolar, tenemos un problema de violencia generalizado en la sociedad chilena. Y además, esto se cruza también con otro problema que es muy relevante, que está muy presente en nuestros jóvenes, que tiene que ver con la temática de salud mental. Los problemas de salud mental no se resuelven revisando una mochila, y lamentablemente, los proyectos que ha anunciado el gobierno no tienen ninguna relación con este tema", afirmó.
El parlamentario cuestionó además que "los proyectos tienen un problema práctico. Se señala que van a haber agentes especiales que van a ser los encargados de revisar las mochilas de los estudiantes. ¿Quiénes son esos agentes especiales? ¿Son los inspectores? ¿Son guardias de seguridad? Si un guardia o un inspector detecta armamento de fuego, ¿qué es lo que va a hacer? (...) o el proyecto considera derechamente que vamos a tener un carabinero de punto fijo en cada establecimiento educacional, ¿tenemos dotación para hacer eso? Entonces, lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo es que nuevamente llegamos a soluciones fáciles frente a problemas que son difíciles".
Barría (DC) pide "pensar en la reinserción"
Desde la DC, el diputado Héctor Barría puso el foco en la medida donde eventualmente los alumnos podrían perder el derecho de acceder a la gratuidad universitaria.
"Tenemos que ser capaces de pensar en la reinserción y que esta polarización que hoy día prácticamente nos lleva a discutir blanco, negro, vida o muerte, guerra o paz, tenemos que colocar los matices de nuestro país. Hemos visto que algunas personas con clases de ética pueden seguir en la industria, pueden seguir en el comercio, incluso participando de política, cometiendo graves delitos en contra de chilenas y chilenos", partió señalando.
Agregó que "si algún joven comete un delito tiene que ser sancionado con las penas que correspondan, pero tenemos que creer igual, yendo contra la corriente de los tiempos que corren, que el día de mañana, si cumple los requisitos, puede acceder también a la educación que se merece", sostuvo.
