Si bien el Ejecutivo celebró el miércoles la aprobación de la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción, luego de que la propuesta fuera visada con los 26 votos requeridos, uno de esos respaldos vive un complicado momento judicial.
Se trata del senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto (Ind-Demócratas), quien dos días después de la votación fue imputado por el Ministerio Público junto a otras siete personas por los delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado. Además, se solicitó para el parlamentario una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.
Y no solo eso. Junto con la acusación, también se presentó una solicitud de desafuero del parlamentario, la cual deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
El caso toma especial relevancia ya que, con el parlamentario acusado y a un paso de quedar eventualmente inhabilitado para cumplir sus tareas legislativas, como votar en sala, el oficialismo pierde uno de los 26 respaldos -no oficialistas pero sí afines al Gobierno- que consiguió para aprobar el proyecto de Reconstrucción, iniciativa clave en la agenda del Presidente José Antonio Kast.
Con el desafuero igual se mantendría la mayoría
Si bien pierde un respaldo, frente a la acusación contra Calisto y si se le llega a inhabilitar de sus tareas legislativas, el oficialismo mantendría los votos que requiere para aprobar el proyecto de Reconstrucción, debido a las disposiciones que rigen las materias sobre quorum de votaciones en el Congreso.
En concreto, de acuerdo con El Mercurio, el artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso (LOC) establece que en "el cómputo de los quórum y mayorías no se considerarán como senadores y diputados en ejercicio los que se encuentren suspendidos por efecto de lo dispuesto en el artículo 61, inciso final, de la Constitución Política, y los que estén ausentes del país con permiso constitucional".
Esta última disposición plantea que "desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa (al ser desaforado), queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente".
Ambas normas se conjugan con las tablas de proporcionalidad de los reglamentos del Congreso. Ahí se establece que para 50 senadores, la mayoría absoluta es 26. Pero al haber 49 senadores en ejercicio, al descontar un desaforado, por ejemplo, la mayoría absoluta se rebaja en uno, por lo que igualmente el oficialismo mantendría una mayoría de 25 votos sobre 24 (del sector contrario) para aprobar sus proyectos.
El desafuero de Calisto
El plazo de desafuero es una de las grandes dudas del proceso. Fuentes consultadas por Emol señalan que en estricto rigor, no hay un plazo estimado para su resolución, ya que todo dependerá de los tiempos de tramitación de la causa por parte de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Sin embargo, cabe recordar que en el pasado, cuando era diputado, Calisto ya fue desaforado y en periodos similares a los de este año, lo que brinda una referencia de plazos del debido proceso.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó el 25 de junio del 2025 -hace un año- una querella criminal contra el parlamentario y quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco. El 27 de junio, la Fiscalía Regional de Aysén solicitó el desafuero del parlamentario. 38 días después del ingreso de solicitud, el 4 de agosto, la Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó el desafuero del entonces diputado.
Si bien la defensa apeló a la decisión, el 29 de septiembre -94 días después de la solicitud- la Corte Suprema confirmó el desafuero en un fallo dividido, permitiendo que finalmente Calisto fuera formalizado el pasado 10 de mayo, donde se le dictó arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados. Es decir, desde el ingreso de la querella hasta que se resolvió el proceso pasaron casi tres meses.
Respaldo del ejecutivo se complicaría por Flores y Kusanovic
El panorama sí se complicaría debido a otro factor, el cual podría afectar el respaldo del Ejecutivo en el Senado. Se trata de los casos de Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (IND), quienes, al igual que Calisto, enfrentan investigaciones judiciales.
A Flores se le indaga por eventual fraude al fisco, pero ella niega tajantemente alguna apropiación indebida de fondos. Cerca de $300 millones provenientes de sueldos de colaboradores son los que la legisladora habría supuestamente obtenido de forma irregular, según detalla un testigo anónimo que alertó del caso. La trama se ha hecho conocida como "la cuota Flores", al requerir supuestamente ella dinero a miembros de su equipo, lo que está investigándose.
Kusanovic, en tanto, es objeto de una indagatoria ante una denuncia de un extrabajador, por presunta devolución forzada de sueldo, además de eventual despido injustificado.
Si la situación de Kusanovic y Flores se complicara judicialmente, el oficialismo podría, siempre en un plano hipotético, llegar a perder hasta tres votos para iniciativas que promuevan el Ejecutivo y los partidos del sector.
