Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto al presidente de Republicanos, Arturo Squella (izquieda); ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
Emol.
La tarde de este lunes, el Gobierno ingresará al Senado el proyecto de reforma constitucional que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el que ha estado marcado por un intenso debate que incluyó dudas de los respaldos del propio sector del gobierno en el proceso legislativo que viene por delante.
La semana pasada circuló un borrador de La Moneda donde se detallaba una serie de puntos en torno a las materias que se buscarían reformar, entre ellas, consagrar en la Carta Magna la seguridad pública como un deber del estado, crear un nuevo estado de excepción, regímenes penitenciarios diferenciados y habilitar a las Fuerzas de Orden a contar con colaboración de las Fuerzas Armadas.
Ya desde la oposición cuestionaron que no existió un trabajo prelegislativo en torno a la reforma, arista que también caló en Chile Vamos, con voces que consideraron que no se alineó al sector, ni siquiera a los propios ministros. Asimismo se cuestionaron materias como la
eliminación de prestaciones estatales vinculadas a la salud, educación, trabajo y seguridad social a condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
Las alertas para el Ejecutivo se intensificaron luego que el
presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteara ayer a La Tercera que "
en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad".
A esos dichos se plegó la
presidenta de RN, Andrea Balladares, quien planteó que si bien respaldaban "con mucha fuerza" la agenda del Gobierno, planteó que "una reforma constitucional tiene que hacerse bien (...) la Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública".
Ante esto, el Presidente José Antonio Kast, en entrevista con Radio Duna, desdramatizó esta mañana los dichos de su sector y aseveró que lo que se ha conocido hasta ahora es "un borrador", y aseveró que se respetarían los derechos humanos y el resguardo a la salud de los reos en cuestión.
Comité político
La mañana avanzó y timoneles y representantes del partido se reunieron en el comité político ampliado en La Moneda, en una jornada que se anticipaba como decisiva para zanjar respaldos y responder a las inquietudes del sector.
A la salida del comité hubo más sonrisas, y trascendía que se habría descartado eliminar las prestaciones estatales en salud, educación, trabajo o seguridad social para condenados por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
La primera señal de tregua y de un sector que parecía volver a alinearse fue del mismo presidente de la UDI, quien 24 horas antes había encendido las alertas.
"Nosotros teníamos ciertas aprehensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando. Creo que cuando mañana el gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo", dijo el diputado Guillermo Ramírez. "La UDI está tranquila", subrayó.
Arrau y "ley especial" por pérdida de derechos
Luego del comité, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, salió a quitar peso al borrador que circuló días previos y que había generado los reparos de la derecha.
Asimismo, aclaró cómo se buscaría tramitar la pérdida de derechos en salud y otras materias para los condenados por crimen organizado: con una habilitación constitucional para una "ley especial" en esta materia.
Arrau especificó que la reforma que ingresará al Congreso busca tres elementos clave: "primero, incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional, un deber del Estado", partió diciendo.
"Lo segundo, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo, con un régimen penitenciario especial, evitando tener que demostrar la existencia del mismo cada vez, y ahí es donde queremos que en una ley especial se discuta la posibilidad de restringir el acceso a algunos beneficios sociales en una ley especial, y para eso se requiere algún grado de habilitación (constitucional). Y en último término, la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública", agregó.
Las aclaraciones ayudaron a que la timonel PSC, diputada Sara Concha, quien no estuvo en el comité político, valoraran los ejes y el "nudo" que había generado el punto respecto a la restricción de derechos.
"A pesar de que aún no conocemos el proyecto como tal, estamos disponibles para avanzar en una eventual propuesta que considere los tres ejes que ha dado a conocer el ministro Arrau en el trabajo prelegislativo que ha realizado el Gobierno durante estos días: incorporar la seguridad pública como un deber constitucional del Estado; avanzar en un registro para organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo, con un régimen penitenciario especial; y establecer un nuevo estado de excepción constitucional en materia de seguridad pública", dijo la parlamentaria al ser consultada por
Emol.
Agregó en esa línea que "consideramos positivo que se haya precisado uno de los aspectos que nos generaba mayores diferencias respecto del borrador que conocimos a través de la prensa, como era la posibilidad de restringir de manera general el acceso a beneficios sociales".
Debate por "saltarse" el TC
En las horas previas al respaldo oficialista, también hubo cuestionamientos por los intentos del Ejecutivo para modificar la Constitución para evitar tener reparos del Tribunal Constitucional, como ocurrió en el caso de Escuelas Protegidas o la Ley de Reconstrucción Nacional.
El Presidente Kast defendió en la mañana que el avance del crimen organizado requiere "respuestas distintas por parte de la legislación, y parte de la legislación chilena es la Constitución", y enfatizó que "si alguien considera que lo que estamos haciendo no es lo adecuado, tiene que ir y votar y argumentar. Pero que alguien diga que estamos haciendo la votación para evitarnos ir al tribunal constitucional está profundamente equivocado y tendencioso", planteó.
"Si estás pensando en realizar esta modificación, lógicamente el objetivo que estás esperando es que el TC ya no pueda tirar para abajo proyectos, como la pérdida de la gratuidad".
Francisco Orrego, diputado RN
Por su parte, el
diputado Francisco Orrego (RN) planteó a Tele13 que "
si modificamos la constitución, efectivamente ya no tendríamos problemas de constitucionalidad, el otro tema es que te guste o no te guste", enfatizó.
En ese sentido, remarcó que "hay que ser sumamete transparente con la ciudadanía, y si hay algo que no voy a hacer, menos con mi formación de abogado, es intentar desdibujar algo que todo abogado debería saber, que es la interpretación del mandato constitucional".
"Si tú estableces una norma habilitante para pérdida de derechos sociales a nivel constitucional, tu dejas de tener el problema constitucional, el TC no podría fallar en contra de aquello, porque estaría infringiendo una norma constitucional. Si estás pensando en realizar esta modificación, lógicamente el objetivo que estás esperando es que el TC ya no pueda tirar para abajo proyectos, como la pérdida de la gratuidad", sostuvo.
