El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió a la reforma constitucional que ingresó este lunes al Senado, en relación a fortalecer la seguridad pública.
Si bien este martes se dará cuenta a la Sala de la Cámara Alta el proyecto, el secretario de Estado abordó algunos alcances del borrador, ante las preguntas de la prensa.
Consultado por cómo queda en esta reforma el tema de la pérdida de beneficios para condenados, el ministro respondió que "en primer lugar, tienen que ser personas condenadas por crimen organizado o por delito terrorista. Está circunscrito a esos dos delitos".
En segundo lugar, mencionó que "las eventuales restricciones que tendrían respecto de beneficios pagados por los impuestos fiscales, quedan entregados a una ley de quórum calificado. Es decir, esa materia va a tener que ser regulada, está entregada al legislador, y pensamos que es una muy buena forma de que, finalmente, tenga todo el respaldo del sistema político y, por supuesto, del sistema parlamentario".
Cabe mencionar que el inciso 2° del artículo 9° bis menciona la ley de quórum calificado que fijará "penas y medidas especiales" para condenados por crimen organizado y conductas terroristas; mientras que el inciso 4° establece los 15 años de inhabilitación para acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos, y la inhabilitación perpetua para cargos públicos en el caso específico de crimen organizado.
Respecto a por qué se decidió persistir en el punto de la inhabilidad de acceder a beneficios, García Ruminot precisó: "Porque ya hay normativas que establecen los 15 años".
De todas maneras, el ministro remarcó que este es un proyecto de reforma constitucional que se da cuenta mañana en la Sala del Senado, por lo que "naturalmente queda también sujeto al trabajo parlamentario, al debate legislativo, a que se construyan los acuerdos".
"Estamos hablando de una reforma constitucional que, además, obviamente, tiene un quórum alto. Entonces, hay que esperar, finalmente, que es lo que resuelve el Congreso", complementó.
Registro y Gendarmería
Más tarde, la autoridad fue consultada por el registro de organizaciones criminales y el rol del Ministerio Público, pues otro de los cambios relevantes apunta a incorporar una nueva atribución presidencial en el artículo 32.
De aprobarse la reforma, el Presidente de la República podrá declarar, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado. Sin embargo, dicha declaración solo producirá efectos si es ratificada por el Senado mediante una sesión secreta y con el voto favorable de 2/3 de los senadores en ejercicio.
"La última versión a la que tuve acceso esta mañana (del proyecto), señala que es el Ministerio Público con el Senado de la República por 2/3", acotó el secretario de Estado.
No obstante, repitió que "tenemos que esperar finalmente lo que resuelva el Congreso Nacional respecto de la reforma. Esta es la propuesta del Ejecutivo. Por supuesto que tenemos absolutamente convicción de que esta es una gran necesidad para el país. El país está exigiendo más protección, más seguridad, y vamos a defender nuestras posiciones, pero esto queda finalmente también entregado a la discusión parlamentaria".
Finalmente, sobre los regímenes carcelarios diferenciados, se le consultó si va a ser facultad de Gendarmería, y afirmó: "Los regímenes carcelarios son parte de lo que está contenido en el proyecto de reforma constitucional. Naturalmente, la separación o lo que es la administración dentro de las cárceles queda entregado a Gendarmería, pero obviamente eso depende de las sanciones que el respectivo proceso vaya determinando".
