Tras el rechazo por un voto de la reforma constitucional que busca ampliar el plazo de detención de personas con órdenes de expulsión administrativa, el Gobierno tiene sobre la mesa dos caminos para intentar mantener la materia en tramitación: recurrir a la vía de insistencia presidencial en el Senado y, en paralelo, aprovechar un proyecto de reforma constitucional presentado en 2023 que aborda una materia similar.
La primera alternativa fue confirmada este miércoles por el vicepresidente Claudio Alvarado. La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones en la Cámara, por debajo de los 89 respaldos que necesitaba para alcanzar el quórum de 4/7.
"Nosotros, como estamos conscientes de que tenemos que hacer cumplir la ley y que necesitamos regularizar la situación, vamos a insistir por el Senado", afirmó Alvarado.
La vía de insistencia permite al Ejecutivo intentar que el proyecto continúe su tramitación pese al rechazo en la Cámara. Para ello, debe recurrir primero al Senado y obtener allí el respaldo de 2/3 de sus integrantes, lo que corresponde a 33 senadores de un total de 50 en ejercicio.
Actualmente, el oficialismo cuenta con 26 senadores, por lo que necesita sumar siete respaldos para alcanzar ese quórum.
En esta etapa, el Ejecutivo debe insistir con el texto que ya fue rechazado, mientras que eventuales modificaciones pueden abordarse posteriormente durante la tramitación, una vez que el proyecto logre mantenerse con vida.
Antes de que Alvarado confirmara esta estrategia, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, había llamado al Gobierno a recurrir a la Cámara Alta, pero acompañando esa decisión de una etapa de diálogo político.
"El Gobierno tiene que insistir en el Senado, pero con realismo legislativo y un texto que sea capaz de concitar un consenso. Chile no aguanta un año más esperando una norma que necesitamos para poder ejecutar las expulsiones administrativas", sostuvo.
Núñez planteó además que el resultado de la Cámara abre la posibilidad de revisar aquellos elementos que dificultaron alcanzar una mayoría suficiente. "Si para lograr un acuerdo hay que revisar todos los aspectos centrales del proyecto, hay que estar disponibles para discutirlo, pues lo importante es que tengamos una norma que pueda aprobarse y que le entregue al Estado una herramienta efectiva para concretar las expulsiones", afirmó.
La segunda vía: Reflotar un proyecto de 2023
En paralelo a la insistencia presidencial, diputados del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez y Alejandro Riquelme, anunciaron que buscarán reflotar una reforma constitucional presentada en 2023 por el entonces diputado Gaspar Rivas, cuyo objetivo era eliminar el límite constitucional de cinco días para concretar expulsiones administrativas.
Sánchez explicó que incorporaron un paquete de indicaciones al proyecto y que buscarán que avance nuevamente en el Congreso, con la posibilidad de que el Ejecutivo le otorgue urgencia.
"Nosotros no nos quedamos quietos, no nos quedamos solo en las críticas. Estamos tomando medidas y he podido encontrar un proyecto de ley antiguo que estaba presentado hace ya bastantes años, no había tenido movimiento, bastante similar al que tramitó el gobierno", sostuvo.
El parlamentario agregó que las modificaciones buscan acercar el texto a la propuesta que acaba de ser rechazada en la Cámara y permitir que vuelva a ser discutida en Sala. "Le hemos presentado un paquete de indicaciones y esperamos que se le dé trámite pronto, que pueda contar con la urgencia del Ejecutivo y que podamos volver a discutir y votar esta cuestión en la sala", afirmó.
