NACIONES UNIDAS.- Pese al significativo avance en Afganistán con la aprobación de una nueva Constitución, la normalización del país está amenazada por la fuerte inseguridad y por el cultivo de drogas.
Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe que presentó ante el Consejo de Seguridad el representante especial de la ONU en Afganistán, Lajdar Brahimi, en su último acto público en este cargo.
Brahimi, de 70 años y ex ministro de Exteriores de Argelia, fue nombrado hoy consejero especial del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en materia de prevención y solución de conflictos.
En su último informe, Brahimi ha realizado una amplia descripción de los avances que protagonizó Afganistán en los dos últimos años, desde que se pusieron en marcha los compromisos adquiridos en la conferencia de Bonn.
Uno de los principales logros ha sido, en su opinión, evitar que se vuelva a producir en el país un "conflicto a gran escala" y que estalle una gran crisis humanitaria.
Poco a poco, y con dificultades, se ha ido implantando la administración de transición, que ha podido elaborar un presupuesto nacional y poner en circulación una nueva moneda, recomponer el ejército y la policía, y lograr el regreso a las escuelas de cuatro millones de niños.
En este periodo, se ha avanzado también en las tareas de reconstrucción y desarrollo del país, con mejoras en las redes de carreteras y de energía eléctrica, y con el desarrollo de planes agrícolas y de empleo.
Pero el logro más importante fue la aprobación, hace unos días, de la Constitución para el país, un proceso que, en opinión de Brahimi, no ha estado exento de presiones, de discusiones, ni de intentos de fraude, pero que finalmente se ha saldado con éxito.
Uno de los principales problemas en la aprobación de la Constitución ha sido la "fuerte polarización" ética que vive el país, sobre todo por la presión que ejerce la mayoría pastún.
Sin embargo, las concesiones que realizaron las distintas facciones permitió aprobar una Carta Magna, "lo que debe ser un motivo de orgullo para los afganos", dijo Brahimi.
Pero tal y como afirmó hoy Annan, "la Constitución, por sí sola, no garantiza la paz y la estabilidad".
El secretario general se refería a la presencia de facciones armadas rebeldes, fundamentalmente talibanes, en el sur, este y sureste del país, que están haciendo tambalear con sus actuaciones el proceso de normalización política.
Brahimi aseguró que los extremistas están dirigiendo los atentados terroristas a todos tipo de personas, civiles, miembros de ONG y personal humanitario, lo que impide su trabajo en muchos puntos del país.
Este problema, unido al poco éxito logrado con los programas voluntarios de desarme y desmovilización, supone un gran obstáculo para la elaboración del censo electoral en las zonas donde están presentes las facciones armadas.
El empadronamiento de los afganos es uno de los pilares fundamentales sobre los que debe descansar la celebración de unas elecciones legislativas y presidenciales.
Otro gran problema al que se enfrenta el país es la falta de representatividad y de autoridad que tiene el Gobierno provisional en algunas zonas, sobre todo en aquellas donde los comandantes locales tienen un mayor poder.
El último de los temas al que se refirió Brahimi fue el del cultivo de drogas, al que se dedican 1,7 millones de personas en el país, el 7 por ciento de la población, según un estudio elaborado en 2003 por la ONU.
Según este estudio, los traficantes y productores de adormidera obtienen 2.300 millones de dólares anuales, cifra que equivale al 50 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Afganistán y que podría incrementarse en el futuro.
"Tenemos que evitar que la industria de los narcóticos se haga dueña de la economía afgana", dijo el representante especial.
Brahimi apoyó públicamente la propuesta lanzada por Annan de convocar la celebración de una segunda conferencia de donantes, que sirva para revitalizar el proceso de Bonn y encontrar soluciones a estos problemas.
