LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, superó el martes con rapidez una crisis total de gabinete ocasionada por la renuncia colectiva de sus 16 ministros, 13 de los cuales fueron ratificados en sus cargos.
El mandatario dijo que la crisis ocurrió en un momento "crucial" para su gobierno, que el sábado cumplirá seis meses.
Asimismo, agregó que el momento exigía acciones "muy claras" en un proceso clave de consultas en el sector energético que enfrenta su gobierno.
La crisis, según informes autorizados, fue precipitada por la renuncia del ministro de Minería e Hidrocarburos, Antonio Araníbar, quien precisamente conducía ese proceso desde hace apenas un mes y mantuvo supuestas discrepancias con su colega de Desarrollo Económico, Xavier Nogales.
Mesa aceptó la renuncia de Araníbar y lo reemplazó, precisamente, con Nogales, quien era el jefe del gabinete económico.
El jefe de Estado nombró para Desarrollo Económico al economista y académico Horst Grebbe, de 63 años, e introdujo otros dos cambios en los Ministerios de Desarrollo Sostenible y de Asuntos Indígenas y Pueblos Origininarios.
Araníbar, un ex canciller boliviano entre 1993 y 1997, asumió el 12 de marzo la responsabilidad de orientar un proceso del que deberá surgir una nueva política en materia de hidrocarburos, y cumplir con la convocatoria de un referendo sobre el futuro comercial de la principal riqueza natural de Bolivia: el gas.
El ahora ex ministro sustituyó en esa fecha a Alvaro Ríos, un ingeniero de 46 años, quien prefirió renunciar al cargo antes de someterse a una anunciada interpelación en el Congreso boliviano por sus vinculaciones con empresas petroleras multinacionales que operan en el país y con las que había colaborado como consultor.
Entre otras críticas, Araníbar, de 62 años, fue también censurado por haber acogido favorablemente un pedido oficial para una venta emergente de gas natural a la Argentina, que enfrenta una dura crisis energética, antes de que se realice el referendo previsto para junio.
Sin embargo, pese a los reparos, Mesa anunció al conformar el nuevo gabinete que su gobierno suscribirá la próxima semana con el presidente argentino Néstor Kirchner un acuerdo extraordinario que involucrará suministros por hasta cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas durante un período que de seis meses a un año.
La venta, ahora confirmada, había despertado temores en sectores bolivianos sobre un posible desvío del gas a Chile, principal consumidor externo de ese recurso natural en Argentina.
Protestas contra un proyecto de exportación de gas por un puerto de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas a raíz de una disputa territorial derivada de una guerra en el siglo XIX, desembocaron en una revuelta popular contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció el 17 de octubre.
Más de 70 personas murieron y otras 200 resultaron heridas en dos semanas de violencia que antecedieron a la caída de Sánchez de Lozada, un acaudalado empresario de 73 años.
El derribado mandatario fue sustituido por Mesa, un político independiente que era su vicepresidente y conformó un gobierno apartidista y sin sustentación parlamentaria.
Mesa enfrenta duras dificultades para concretar un austero programa económico que anunció en febrero con la inclusión de reformas a la ley de Hidrocarburos, que buscan mayores recaudaciones del sector, ahora controlado por empresas multinacionales.
Tras su primera crisis total de gabinete, Mesa, de 50 años, se propuso, sin embargo, imprimir mayor vigor a su gobierno, acosado por anunciadas marchas, huelgas y bloqueos de carreteras contra su política económica y por la prolongada demora de sus decisiones en materia de hidrocarburos.
"Ahora vamos a hacer lo que debamos hacer", declaró el martes el ministro de la Presidencia y su más estrecho asesor político, José Galindo, dando a entender que Mesa tomaría con mayor firmeza las riendas del poder.
El ministro afirmó el lunes ante un auditorio de empresarios que el gobierno de Mesa había intentado, durante seis meses, dialogar con todos los sectores, pero no alcanzó a comprometerlos en un pacto social.
"Ahora ha llegado el momento de actuar y vamos a gobernar (...) no vamos a retroceder a las presiones", agregó.
Mesa asumió la presidencia en octubre con el apoyo de casi el 80 por ciento de los bolivianos, pero recientes encuestas establecieron que ese respaldo ha ido decayendo hasta un actual 65 por ciento.
