BOGOTÁ.- Varias organizaciones no gubernamentales que aglutinan a familiares de víctimas de los grupos paramilitares en Colombia recibieron nuevas amenazas, en medio de los esfuerzos de sus integrantes para recibir una reparación económica de los jefes de las bandas de ultraderecha que están presos, informa hoy la prensa local.
El diario "El Tiempo" de Bogotá señaló que los organismos de seguridad consideran que las amenazas provienen de un grupo denominado "Águilas Negras", que se formó hace varios meses con ex integrantes de los grupos paramilitares que protagonizaron un proceso de negociaciones con el gobierno.
A esa banda se le atribuye el robo de diversa información personal de cerca de mil familiares de víctimas de los grupos paramilitares que integran varias ONG’s que tramitan ante el gobierno las reparaciones de rigor derivadas de dichas negociaciones.
Según la versión periodística, los robos se han presentado desde febrero pasado y han afectado a organizaciones que operan en los departamentos de Antioquia, Cesar y Santander.
A esos robos se suman las amenazas conocidas en los últimos días contra los integrantes del Programa Regional de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, varios de ellos obispos y sacerdotes que afirman haber recibido panfletos en los que los paramilitares les aconsejan salir de una zona del interior del país por el apoyo que brindan a los familiares de víctimas de masacres y asesinatos selectivos.
La más reciente amenaza llegó este lunes a varias ONG’s y, según "El Tiempo", lleva la firma de las "Águilas Negras".
"Su proyecto de miseria e invasión comunista que atenta contra los buenos valores de Dios y la Patria, no será posible en Colombia. Limpiaremos las calles de la basura comunista, judía y antinatural. Ya han caído sus líderes, ahora siguen ustedes, guerrilleros", señala la amenaza conocida en las últimas horas.
Las negociaciones entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) permitieron la desmovilización de casi 32.000 paramilitares entre 2003 y 2006.
Algunos de los principales jefes de estos grupos son juzgados en la actualidad, pero no recibirán condenas superiores a ocho años de prisión, como la garantiza una polémica ley que permitió las negociaciones, muy criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que consideran que las "bajas" penas no corresponden a los delitos de lesa humanidad que éstos cometieron.
Aunque el gobierno asegura que la negociación "acabó con los grupos paramilitares", sectores políticos de izquierda han denunciado en los últimos meses el resurgimiento de grupo armados como las "Águilas Negras", muchos de cuyos miembros serían ex integrantes de las AUC y ahora tendrían fuertes vínculos con el narcotráfico.