LA PAZ.- El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó en reserva la reforma parcial de la ley que restringe la labor de la prensa en la elección de los magistrados del país, pese al rechazo de organizaciones de periodistas y medios y de la oposición.
Morales promulgó la norma sin acto especial alguno, dando por superada la polémica que, según el Ejecutivo, pretendía “empañar el proceso electoral,” dijo a la radio estatal el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
La nueva ley elimina las restricciones a los candidatos para que emitan opiniones y den entrevistas y a los medios para que opinen sobre los aspirantes, pero mantiene una prohibición que impide a la prensa “generar espacios de opinión”, lo cual critica el sector.
Las organizaciones de periodistas y de medios de comunicación han rechazado también la decisión del oficialismo de que las entrevistas a los postulantes estén sujetas a un reglamento que deberá elaborar el Tribunal Supremo Electoral.
La fundación privada UNIR, dedicada a la promoción de la cultura democrática y a la mejora del periodismo de Bolivia, señaló en un comunicado difundido hoy que la reforma presenta contradicciones y "no modifica sustancialmente la situación de limitación de las libertades de expresión, opinión e información”.
La entidad expresó su preocupación porque “persistirán las restricciones al derecho a la información y a la comunicación que transgreden las disposiciones constitucionales”.
Chávez dijo que “no existen contradicciones” en las reformas que, a su juicio, permitirán “perfeccionar el derecho a la información" para las elecciones, previstas para el 16 de octubre próximo.
Por su parte, la oposición considera que el oficialismo impondrá su mayoría en el Parlamento para preseleccionar a candidatos afines al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aceptó la invitación del Tribunal Electoral para enviar una misión que observará los comicios, con la condición de que se le permita vigilar “no solamente la votación, sino también la preselección” de los aspirantes, informó su enviado especial, el chileno Enrique Correa.
La polémica ley regulará el proceso para elegir a 56 magistrados de los máximos tribunales de justicia y, según medios locales, las limitaciones a la labor de la prensa regirán durante los 90 días previos a la votación.