SANTIAGO.- El gobierno examinará el procedimiento del aporte de información relativa al paradero de detenidos desaparecidos, en el marco de la ley del Secreto Profesional sobre Derechos Humanos.
Así lo anunció este mediodía el ministro del Interior, José Miguel Insulza, al referirse al aporte de estos antecedentes que hizo en La Moneda el presidente de la Corporación Metodista Pentecostal Universal, Enrique Vilches, quien entregó algunos datos a la prensa, señalando que de un total 780 casos consignados más del 60 por ciento no podrán conocerse en definitiva su paradero.
Frente a esta situación, el jefe del gabinete destacó que se analizará la manera de aplicar un reglamento, ateniéndose a la letra de la ley que señala la obligación de cualquier funcionario de poner esas circuntacias en manos de los tribunales de justicia y así "mantener un poco más de orden" en el aporte de las mismas y sobre todo para evitar declaraciones conjuntas porque esto último dificulta muchísimo el trabajo.
Insulza también fue consultado por el trascendido en un órgano de prensa de uno de estos testimonios que el pastor Vilches entregó al ejecutivo. Al respecto, aseveró que ello no debería modificar los procedimientos que se están empleando para recoger este material.
