SANTIAGO.- El ministro de la Corte Suprema, Luis Correa Bulo, señaló hoy que "no cabe duda" que la acusación constitucional que presentarán en su contra diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), tiene motivaciones políticas.
El presidente de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal del país, indicó que "tengo que informarme y conversarlo con mis abogados, después daré cualquier información al respecto".
Correa Bulo manifestó estar tranquilo ante cinco casos en los cuales según los diputados de la UDI, el magistrado habría incurrido en notable abandono de deberes.
La colectividad de oposición interpondrá un libelo acusatorio en la Cámara Baja por irregularidades como tráfico de drogas controladas en la farmacia de Gilda Correa Bulo, hermana del ministro; un viaje que el magistrado realizó junto a un conocido abogado que litiga en favor de narcotraficantes y al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Araya Elizalde; una llamada telefónica que realizó a la jueza de letras de Colina, María Inés Collins, para favorecer la liberación de un ciudadano francés; la presunta participación de Correa Bulo en el alzamiento de clausuras de algunas casas de masajes de la capital, y el caso del mercado de Concepción donde participaba en la adquisición de locales.
Según los plazos que establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional una vez que se ingrese la acusación en la Cámara de Diputados, se debe constituir una comisión de cinco diputados, al azar, de los cuales se excluyen quienes formen parte de la mesa y los legisladores que acusan.
En un plazo de tres días, el magistrado debe ser notificado por el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses y desde allí, Correa Bulo y sus abogados tendrán 10 días para presentar sus descargos. De allí, la comisión tiene un plazo de seis días para informar a la Cámara. Con todo, de presentarse la acusación en las próximas horas esto podría ocurrir sólo después de fiestas patrias.
Junto con la acusación, los legisladores de la UDI, proponen citar a declarar al propio presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez; la ex ministra de la Corte de Apelaciones Gloria Olivares y la periodista Alejandra Matus, quien se encuentra en Estados Unidos como refugiada política por un requerimiento en su contra por su "Libro negro de la justicia chilena".
Una vez que la Cámara vote la acusación, el senado tendrá la última palabra y se requiere la mayoría de los votos de los senadores en ejercicio para culminar la acusación.
En la actualidad, la Concertación tiene 24 senadores contra 23 de la oposición, excluyendo a Francisco Javier Errázuriz y Augusto Pinochet, ambos desaforados.
Por su parte, el abogado Luis Valentín Ferrada, miembro del equipo jurídico que defenderá al ministro de la Corte Suprema Luis Correa Bulo de la acusación constitucional, expresó hoy su preocupación por la injerencia que pueden llegar a ejercer los partidos políticos en las decisiones judiciales.
Ferrada, quien fue diputado de RN, dijo que los partidos políticos estén detrás de los jueces, sería el término del estado de derecho. De esta forma, comentó la decisión de la bancada de diputados de la UDI de presentar en las próximas horas una acusación constitucional en contra del magistrado, por notable abandono de deberes.
El profesional señaló que "el día que hayan partidos -yo no quiero ni pensarlo- detrás de las acusaciones constitucionales contra los jueces, quiere decir que estaríamos en la puertas de una especie de justicia popular, y que los jueces tienen que empezar a mirar primero de qué lado están las mayorías para saber como votan". Agregó que "le puedo asegurar que ese es el término del estado de derecho en cualquier país o sociedad civilizada".
El abogado explicó en los últimos diez años se han presentado más acusaciones contra los jueces que en los 180 años de vida republicana. Por esto, advirtió que utilizarán dentro de su línea de defensa la forma en que se está utilizando la acusación constitucional.
Agregó que "convendría revisar muy a fondo si la institución jurídica y constitucional de la acusación está siendo usada en forma responsable o no".
Indicó que el cuestionamiento apunta contra el presidente de una de las salas de la Corte Suprema más eficientes. "No veo cómo alguien haciendo notable abandono de sus deberes puede ser el presidente de la sala con más altos índices de cumplimiento de sus deberes".
Respecto de la acusación de tráfico de influencias en el caso de la llamada a la jueza de Colina y otros casos, Ferrada dijo que "supongo que se refieren al tráfico de las malas influencias, porque sería bien bueno que en este país hubiera tráfico de buenas influencias".
Frente al hecho de que, como militante de Renovación Nacional, defienda a un juez acusado por la UDI, Luis Valentín Ferrada aclaró que "sólo podría alguien hacer una argumentación de extrañeza de que alguno de los abogados del equipo de defensa del señor Correa sean de ideas de centro derecha, quien creyera que la acusación tiene fundamentos políticos. Pero si los tuvieran yo sería de la idea que más bien corrieran a retirarla".
