SANTIAGO.- El diputado socialista Alejadro Navarro manifestó su convicción de que el traspaso de los costos que significa fluorar el agua potable a los usuarios "es ilegal y arbitrario".
El parlamentario, junto a sus colegas Isabel Allende, Pedro Muñoz, Patricio Hales, Fanny Pollarollo, Víctor Barrueto y Leopoldo Sánchez, hizo una presentación ante la Contraloría General de la República solicitando de este organismo un dictamen administrativo de cobros por tarifas por la adición de flúor en el agua potable y en particular la validez de los decretos que, para cada caso, aprueban las tarifas de agua potable y alcantarillado.
La solicitud de los parlamentarios de la Concertación está centrada en la ejecución de esta medida por parte de la Empresa EMOS en 25 comunas de la capital desde 1996, con un universo de 3 millones 750 mil usuarios; la ciudad de Calama por parte de la Empresa Essan; la V región por parte de la Empresa Esval y la anunciada fluoración del agua en la VIII región por parte de la empresa ESSBIO.
Según el parlamentario del PS, "a partir de ciertas políticas sanitarias gran parte de los chilenos está consumiendo el flúor contenido en el agua potable que llega diariamente a los hogares, en virtud de los supuestos beneficios que dicha medida tendría para la salud pública, cuestión que hasta hoy es ampliamente debatida y cuestionada tanto en Chile como en el extranjero".
"Sin embargo -agregó- no sólo gran parte de los chilenos hemos debido sujetarnos a esta mediación en forma obligatoria, sino que al mismo tiempo hemos debido pagar por ello, al incluirse este elemento extraño al agua potable como un ítem más de las tarifas de agua que deben cancelar los usuarios y que se estima alcanza a 1 peso 42 centavos adicionales por metro cúbico de agua potable".
Esta situación -dijo- de hecho constituye un gravamen para los usuarios en contraposición al lucro, beneficio o utilidad que esto acarrea para las empresas prestadoras, estimándose que la utilidad por la fluoración bordearía los 0,10 pesos por metro cúbico de agua potable, lo que en el caso de Emos, por ejemplo, significaría una ganancia adicional de 38 millones de pesos sobre el total de agua potable que factura.
