SANTIAGO.- La filial chilena de la organización ecologista Greenpeace denunció hoy que el gobierno habría intentado obstruir recientemente en Johannesburgo un convenio internacional para prevenir y eliminar la fabricación y el uso de los contaminantes orgánicos persistentes, en una reunión realizada recientemente en esa ciudad.
Greenpeace indicó que en ese encuentro, Chile podía haber asumido un liderazgo político importante en la protección de la salud y el ambiente, "pues no produce ni utiliza dichos contaminantes que deben ser eliminados". Añadió que "los países en vías de desarrollo reunidos en el grupo de los 77 fueron los principales gestores de esta gran victoria y Chile se mantuvo en reiteradas ocasiones, apartado, apoyando los intereses económicos de Estados Unidos".
La directora de Greenpeace, Rosa Moreno, dijo que junto María Elena Rosas, Coordinadora de la Alianza por una vida Mejor, habían resuelto retirarse de toda negociación o mesa de discusión con el gobierno. Según la Rosas, Chile "no favoreció la participación de los representantes de la sociedad civil como observadores en las sesiones regionales, ni respaldó las reiteradas demandas que Venezuela, Ecuador, El Salvador, y las ONG, hicieron en el sentido descrito".
De acuerdo a su versión, la delegación enviada por la Cancillería "traicionó los acuerdos nacionales logrados en una mesa de negociación integrada por representantes del gobierno, la industria y la sociedad civil". Recordó que las conversaciones que se llevaron a cabo previamente en Chile, "permitieron que el documento de consenso fuera aprobado por el consejo Consultivo de la Conama, y ratificado posteriormente en forma unánime por el consejo de ministros el viernes primero de diciembre".
Agregó que "esto significaba que el documento logrado era el mandato oficial que los ministros daban a los negociadores chilenos para que lo defendieran en su integridad en la reunión de Johannesburgo". Añadió que pudieron comprobar que se trato de un simple marketing de participación ciudadana, y una utilización de las ONG que intervinieron en la reunión, "ya que en partes sustanciales la delegación chilena no defendió la posición país, y en otras oportunidades tomo una posición explícita contraria, a favor de las posiciones más extremas de los industriales químicos y del sector minero, traicionando y burlándose de esta manera de la ciudadanía".
Aclaró que esta ruptura de confianza no podrá ser reparada salvo que el gobierno demuestre públicamente a que "cuando hay un acuerdo con la ciudadanía, sea cual sea su tenor, este será respetado y cumplido en su globalidad, y entregue una explicación pública de la razón del rompimiento de estos acuerdos, y tome las medidas disciplinarias correspondientes con la delegación que violó el acuerdo posición país". También exigió que se comprometa públicamente a firmar en mayo del 2001 el convenio de eliminación de tóxicos y dar urgencia para que haya una ratificación por parte del Congreso de este convenio.
Además, que se comprometa a realizar en el más breve plazo de manera transparente y participativa un estudio sobre los costos ambientales y sociales producidos por los contaminantes orgánicos persistentes; igualmente es de extrema urgencia contar con un inventario de la contaminación de estos compuestos en Chile, para descontaminar con urgencia lugares que puedan estar afectando el medio ambiente y la salud de los chilenos.
Planteo que rápidamente el gobierno debe comprometerse a dar urgencia a una proposición legislativa sobre el derecho a saber para permitir que la ciudadanía pueda conocer y actuar contra los contaminantes que las industrias están vertiendo al medio ambiente.
Indicó que las organizaciones que han estado participando se retirarán de cualquier conversación, y no seguirán aportando en las instancias creadas por el gobierno en la política de participación ciudadana, ya que bajo las condiciones actuales, estas políticas carecen de toda validez y seriedad.
Aclaró que el gobierno actuó de la manera descrita en Sudáfrica porque no tiene una real voluntad política para impulsar la participación ciudadana, "y las organizaciones ciudadanas son subvaloradas, y la delegación de la Cancillería debió haber recibido una clara señal de que los acuerdos allí aprobados pueden pasar a ser llevados".
Ambas dirigentes que estuvieron presentes en la cita de Johannesburgo, dijeron que "a pesar de la acción obstructiva de la delegación oficial chilena, se logró finalizar con éxito un convenio internacional para prevenir y eliminar la fabricación, el uso de los contaminantes orgánicos persistentes". Agregaron que lo ocurrido constituye una victoria histórica en la lucha por la protección real de la salud y el ambiente "de nuestra tierra, que celebramos con una gran esperanza".
