SANTIAGO.- El gobierno chileno introdujo el martes al Congreso un proyecto de ley que ofrece austeras reparaciones en dinero a las más de 28.000 víctimas de tortura a manos de los aparatos represivos del gobierno de Augusto Pinochet.
La decisión de otorgar una reducida compensación a quienes testimoniaron formalmente haber sufrido tormentos físicos y psicológicos, surgió luego de que el Presidente Ricardo Lagos recibió un informe encargado a una comisión especial que reveló el gran alcance de ese tipo de atentados a los derechos humanos.
"Como Estado, en la medida de las posibilidades, hemos ido proponiendo medidas de reparación moral, simbólica y también económicas a todas las personas que han sido víctimas de aquellos atropellos a sus derechos fundamentales", dijo Lagos en su mensaje al Congreso al enviar el proyecto.
"Con el reconocimiento de las víctimas de la prisión política completamos un capítulo por el cual teníamos que pasar", agregó. "Pero lo completamos para mirar el futuro, no para escudriñar eternamente en el pasado".
La reparación económica definida por el gobierno, a partir del informe oficial sobre prisión política y tortura revelado a fines de noviembre, considera el pago a las víctimas de una pensión vitalicia mensual de alrededor de $ 112 mil. El monto puede variar dependiendo de la edad del beneficiado.
El proyecto también postula algunas atenciones de salud especiales para personas que hayan sufrido invalidez producto de los tormentos, así como la opción de que las víctimas terminen sus estudios primarios, secundarios o universitarios con cargo a las arcas fiscales.
El financiamiento de las compensaciones económicas tendrá un costo de unos 70 millones de dólares anuales por el pago de pensiones a los torturados.
El proyecto del gobierno entró al Congreso con trámite de suma urgencia, por lo que debería ser aprobado en el transcurso de esta semana.
Otro informe sobre violaciones a los derechos humanos reveló a principios de los ’90 que más de 3.000 personas murieron o desaparecieron producto de la violencia política durante la dictadura, de 1973 a 1990.
