El Presidente Lagos y el histórico momento en que firma la nueva Constitución. |
SANTIAGO.- Pasadas las 11:00 horas de hoy, el Presidente de la República, Ricardo Lagos, firmó en La Moneda el decreto promulgatorio con el nuevo texto refundido de la Constitución Política, trámite que permite poner en vigencia las amplias reformas a la Carta Fundamental que aprobó recientemente el Congreso.
Luego de rubricar el texto, el Mandatario entregó una copia a cada uno de los poderes del Estado; recibió el presidente del Senado, senador Sergio Romero y el presidente de la Corte Suprema, Marco Libedinsky.
El Mandatario rubricó el nuevo texto constitucional en una solemne ceremonia que contó con la presencia de su gabinete y representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones sociales y civiles, las Fuerzas Armadas, credos religiosos y del mundo académico y cultural.
"Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile", fueron las primeras palabras del Jefe de Estado tras firmar el documento.
"Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional", expresó el Mandatario, quien afirmó, emotivamente, que "hoy despunta la primavera" en el país.
El Presidente realizó un repaso de la historia de nuestra Constitución. "Hoy nos reúnimos inspirados en el mismo espíritu de 1833 y 1925, darle a Chile y a los chilenos una Constitución que nos abra paso al siglo XXI", dijo.
"Esto es un logro de todos los chilenos, de los gobiernos que hemos tenido, de sus legisladores, de los partidos de Gobierno y oposición, de los trabajadores y los emprendedores, de la mujer chilena, de periodistas fieles a su ética de informar, de las instituciones civiles y armadas, de las fuerzas morales, religiosas académicas y creativas de Chile entero" agregó el Mandatario.
El Presidente clausuró la ceremonia destacando el comienzo de una nueva etapa en la historia, "con una patria más grande, más unida, más prestigiosa, reconocida en el mundo", dijo.
Mediante este acto administrativo, la llamada Constitución de 1980 dejará de llevar la firma del general Augusto Pinochet, del entonces ministro de Interior, Sergio Fernández, y del resto del gabinete de ese año, para pasar a tener de ahora en adelante la rúbrica de Ricardo Lagos y los integrantes de su actual equipo de ministros.
Las 58 reformas aprobadas por el Congreso Pleno el 16 de agosto, por 150 votos a favor, tres en contra y una abstención, eliminan los últimos enclaves impuestos por el general (r) Augusto Pinochet. Sólo 29 artículos no sufrieron cambios, referidos principalmente a las Bases de la Institucionalidad y a los Derechos y Deberes Constitucionales.
Las principales reformas que entraron en vigencia
-Disminución del mandato del presidente de la República de seis a cuatro años.
-Eliminación de los senadores vitalicios y designados.
-Aumento de las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados.
-Establecimiento de una sola legislatura para agilizar la tramitación de las leyes.
Los senadores quedarán reducidos a 38. Pero su número y forma de elección pueden ser modificados por la Ley Orgánica Constitucional correspondiente, lo que significa -al mismo tiempo- que el sistema electoral binominal sale de la Constitución y se radica en una Ley Orgánica, con lo que disminuye el quórum necesario para su eventual eliminación o reforma.
Sin embargo, las modificaciones más importantes tienen que ver con las fuerzas armadas, los regímenes de excepción y el Tribunal Constitucional. Respecto de este último, se aumenta el número de integrantes a diez, designados por el presidente de la República, la Corte Suprema, el Senado y la Cámara de Diputados, entregándole a ese tribunal la resolución del recurso de inaplicabilidad, actualmente competencia de la Corte Suprema.
En cuanto a las fuerzas armadas y de orden, se les elimina el rol de "garantes" de la institucionalidad. Se termina con la inamovilidad de los comandantes en jefe, que podrán ser removidos por el presidente de la República mediante decreto fundado que se informará previamente al Senado. El Consejo de Seguridad Nacional a su vez adquiere un rol meramente asesor, y no puede ser convocado por los comandantes en jefe de las FF.AA.
