El embajador Puccio dijo que los dos jóvenes detenidos en España están muy nerviosos y que tiene permanente contacto con ellos.
El MercurioSANTIAGO.- Aunque no quiso adelantar ningún resultado del juicio que enfrentan los dos chilenos arrestados en España por golpear a un policía, el embajador de Chile en ese país, Osvaldo Puccio, dijo estar esperanzado de que el proceso culmine de buena manera para los jóvenes.
"No me corresponde hacer un juicio acerca del proceso, lo decidirán los tribunales. Lo que no tengo duda es de que tienen buenas razones y una defensa bastante sólida", señaló el diplomático.
Puccio agregó que la preocupación de las autoridades chilenas por Rodrigo Lanza Huidobro (23) y Álex Cisternas Améstica (24) ha sido permanente. "Yo mismo he visitado a los jóvenes en las cárcel en varias oportunidades, hemos mantenido una relación constante, casi semanal, con los familiares y los abogados, tanto de parte del consulado en Barcelona y la Embajada en Madrid", declaró.
Señaló además que una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores viajó especialmente a monitorear el caso, pues hay una preocupación constante de parte de la sociedad chilena, parlamentarios y gente de la sociedad civil.
Comentó que los dos jóvenes están muy nerviosos, ya que se encuentran "en un punto de inflexión de una situación que ya dura dos años, largos dos años".
Lanza y Cisternas, además de un ciudadano argentino, Juan Pintos Garrido, y seis europeos están acusados de golpear dejando en estado vegetal a un agente de la Guardia Urbana barcelonesa.
El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2006, cuando la policía se enfrentó con un grupo de jóvenes "okupa" que realizaban una fiesta en un edificio del ayuntamiento de la ciudad. Según las madres de los jóvenes chilenos, éstos sólo pasaban por el lugar cuando comenzó el enfrentamiento en el que denunciaron haber sido golpeados brutalmente antes y después de ser detenidos.
Los dos chilenos y el ciudadano argentino han permanecido en prisión casi dos años esperando el inicio del juicio, mientras que los seis europeos quedaron en libertad. La fiscalía española pidió una condena de 11 años de cárcel y una indemnización de más de un millón de euros.
Lo anterior provocó la presencia en el juicio de observadores de organismos de derechos humanos.
Sin embargo, el embajador no quiso catalogar el caso como un acto de xenofobia, argumentando que no le corresponde realizar una afirmación de ese tipo, pues el tema sensibiliza mucho a las autoridades y a la opinión pública española.
"Ante acusaciones, impugnaciones de este tipo, se piden investigaciones muy severas y que haya la mayor transparencia que sea posible conseguir", señaló.