SANTIAGO.- La subsecretaria de Desarrollo Regional, Claudia Serrano, aseguró hoy que "no hay manera de hacer proselitismo con los fondos" de su repartición y dio garantías de que en un año de elecciones, "vamos a tener más celo y cuidado".
"Este fondo es de decisión de cada región. Donde siempre hay un debate posible respecto de eventuales usos políticos de los recursos es en relación al Programa de Mejoramiento Urbano, el PMU, que administra la Subdere y respecto del cual esta Subsecretaría toma decisiones. Al respecto, doy las garantías absolutas que antes he dado", señaló.
Añadió que la Subdere ha tenido especial cuidado en recibir a todos los alcaldes y parlamentarios que han solicitado audiencias y estudiar sus proyectos. "Este año es de elecciones y vamos a tener más celo y más cuidado en que esta cautela que hemos mostrado hasta ahora sea aún más pura e impoluta, con cuentas públicas que cotidianamente estamos dando, y seguiremos entregando, a través de nuestra página web", añadió.
Serrano criticó además el hecho que el año pasado en la Región de la Araucanía se haya privilegiado con recursos a alcaldes de la Concertación. "Es una decisión que no comparto, me parece poco correcta, pero es el consejo regional quien debe dar esa cuenta, no el ministerio del Interior ni la Subdere", indicó.
Los fondos del Transantiago
Serrano afirmó también que los recursos especiales otorgados a las regiones a través del Fondo de Estabilización Financiera del Transantiago se han entregado de manera eficiente.
Al respecto, informó que "del Fondo no reembolsable, que asciende a US$ 100 millones, equivalentes a $52 mil millones, se han comprometidos en su totalidad y un 86,3% de estos recursos se encuentran en procesos de licitación e iniciando ejecución de obras., y del Fondo reembolsable, que asciende a US$ 190 millones, hay distribuidos $98 mil 800 millones, de los cuales un 53,4% de los proyectos a financiar se encuentran identificados y en proceso de aprobación, por parte del Consejo Regional".
Asimismo, señaló que toda la información sobre la ejecución de los US$ 290 millones aprobados en junio del 2007 por el Parlamento, ha sido entregada en forma mensual al Congreso para su constante supervisión.