Con crítico diagnóstico de la Concertación, Frei deja la presidencia del Senado

VALPARAÍSO.- Con una fuerte crítica hacia el momento actual que atraviesa la Concertación el senador Eduardo Frei se despidió esta tarde de la presidencia de la Cámara Alta, para dar paso mañana a la votación en que asumiría el líder colorín Adolfo Zaldívar.

"Según lo que se acordó en marzo del 2006, hoy me habría correspondido entregar la presidencia del Senado a un senador de nuestra coalición. No obstante, por las realidades políticas que conocemos, esto no será posible", afirmó el ex Presidente.

"Me duele que no hayamos sido capaces de mantener la mayoría que el pueblo nos entregó en las últimas elecciones parlamentarias", agregó.

Según declaró el senador democratacristiano, pese a haber tenido que esperar 16 años para lograr que "la voluntad de la ciudadanía se expresara fielmente en el Senado", su conglomerado no tuvo "la madurez ni la capacidad política para usarla en beneficio de Chile.

"Hay algo que la Concertación no está haciendo bien", sentenció el parlamentario, quien también advirtió que de no enmendar el rumbo y cambiar sus estilos y prácticas "no sólo la ciudadanía nos quitará el respaldo mayoritario que siempre nos ha entregado en todos estos años, sino que tampoco estaremos en condiciones de ofrecer un proyecto atractivo y confiable para el país".

"La historia castiga a quienes no reconocen sus errores y perseveran en ellos", subrayó Frei.

Logros de su gestión

Más allá del duro tono con que enjuició el actual momento del oficialismo, el ex Mandatario tuvo palabras de agradecimiento para quienes colaboraron en su gestión y destacó que durante aquella "hemos podido trabajar juntos en un clima de amistad cívica, anteponiendo siempre el bien superior de Chile por sobre cualquier otra consideración".

El Senador destacó entre los logros de su gestión el despacho de las leyes sobre reforma previsional, subcontratación, creación de las regiones de Arica-Parinacota y de los Ríos y bosque nativo, además de la ley que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación y la normativa que protege a los funcionarios públicos que denuncian irregularidades y faltas al principio de probidad.