Bates apela a acusaciones rechazadas para defender a Provoste

SANTIAGO.- Apelando a las acusaciones constitucionales que han sido rechazadas con anterioridad por la Cámara de Diputados, y principalmente a su propia experiencia, el abogado Luis Bates, quien representa a la ministra de Educación, Yasna Provoste, solicitó a los diputados que consideren dichos precedentes a la hora de tomar una decisión.

"Es verdad que no son vinculantes, pero sí deberían ser elementos de juicio muy importantes para la decisión que se tome", afirmó el ex ministro.

Al cuestionar si las irregularidades son o no atribuibles a la competencia de la secretaria de Estado, Bates recordó que cuando fue acusado constucionalmente se estableció que no había vinculación entre los hechos cuestionados y la normas que se decían infringidas.

En ese sentido, enfatizó que la responsabilidad es absolutamente personal, y por lo tanto, un ministro no puede ser culpado por los actos de terceros.

Bates sentenció que la medida propuesta por la Alianza es "una construcción jurídica inteligente, pero profundamente equivocada", porque hace caso omiso de las normas y ámbitos de competencia establecidos para cada uno de los escalafones de la administración pública, refutando al argumento entregado por el diputado de RN Germán Becker, quien aseguró que se acusaba a Provoste para hacer afectiva la responsabilidad que le corresponde como autoridad que debe ejercer un control jerárquico.

"Mediante esta construcción jurídica artificiosa mañana puede caer cualquier ministro de Estado", advirtió el ex ministro.

Añadió que hubo apresuramiento al presentar la acusación constitucional, puesto que el ministerio no ha terminado el proceso de conciliación bancaria y, por lo tanto, la Contraloría tampoco ha concluido su investigación.

Según dijo, es necesario contar con la plenitud de los antecedentes y no sólo con elementos que tienen carácter de provisionalidad.

Asimismo advirtió que en este caso se está destruyendo el principio de la presunción de inocencia, que debe regir para todos y mencionó como ejemplo el caso de la UDI, donde su timonel, Hernán Larraín, pidió que el ente contralor indague las denuncias contra algunos de los ediles del conglomerado, para luego definir las eventuales sanciones.

El ex ministro de Justicia recalcó que en este caso no ha habido corrupción ni desfalco, ya que si así fuera el contralor estaría obligado a hacer la denuncia ante los Tribunales de Justicia.

Durante su intervención también indicó que en este caso no sólo está en juego la sanción o eventual destitución de su defendida, sino que el trasfondo es si en el país rige un sistema presidencial o parlamentario.

En ese sentido, recordó que en un régimen presidencialista es el Presidente de la República quien resuelve si una persona es idónea para ejercer un determinado cargo y no los parlamentarios.