SANTIAGO.- Junto con calificar como "discriminatoria" e "inequitativa" la medida que prohíbe la entrega de la "píldora del día después" en el sistema público, el director del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Juan Eduardo Faúndez, cuestionó los "intereses económicos" que, a su juicio, existirían tras la decisión.
"Entre el año 2001 y el 2006, la píldora se vendió en las farmacias y no se presentaron requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el minuto que la entrega de la PAE se hace de manera gratuita en el sistema público, se alzan las voces para prohibirla, eso nos llama poderosamente la atención", cuestionó Faúndez.
Coincidente con la opinión del Gobierno, sostuvo que la prohibición de la entrega de la píldora de anticoncepción de emergencia es una política que perjudica a las mujeres jóvenes más pobres del país, que son las que presentan una alta tasa de embarazos no deseados y que son, precisamente, las que no tienen poder adquisitivo para comprar el medicamento en farmacias.
En este sentido, destacó las cifras de la V Encuesta Nacional de la Juventud, que indica que en Chile más del 40% de las mujeres de estratos D y E, es decir, las más pobres, han sido madres entre los 15 y 24 años, mientras que sólo el 14% de las mujeres del ABC1 lo han sido.
"Por ello nos preocupa que no se pueda entregar en los consultorios la PAE y sólo se privilegie la compra en las farmacias, beneficiando sólo a quienes tienen dinero para pagar la consulta médica en al cual se les entrega la receta para poder comprarla y así se destina a la pobreza y embarazos no deseados a las mujeres más vulnerables del país", declaró Faúndez.
Añadió que "al prohibir la entrega de la PAE en el sistema público, se está construyendo un camino que puede generar una explosión en la tasa de embarazos no planificados y con ello un aumento de los abortos y por ende, de muertes de mujeres jóvenes".