Ministra de Salud descarta diferencias con Vidal por entrega de la píldora

SANTIAGO.- "Hay una sola postura de Gobierno". Con esta afirmación, la ministra de Salud, María Soledad Barría, descartó tajante que existan diferencias de opinión entre ella y el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, en cuanto a la distribución de la píldora del día después por la vía de los municipios y, de paso, recalcó que el Ejecutivo no está en condiciones de sugerirles a éstos que la entreguen.

Tras participar en el Comité Político que se efectuó en La Moneda y donde la resolución del Tribunal Constitucional sobre el medicamento fue el tema central, la titular de Salud aseguró que con Vidal "entendemos la realidad de la misma manera; aquí ha habido un estudio conjunto de los antecedentes y no hay diferencia ninguna, acá acatamos el fallo".

De esta manera, Barría desestimó que la postura del vocero, a favor de investigar si la píldora se puede entregar por la vía municipal, difiera de su opinión de que los municipios puedan decidir comprarla y repartirla, dado su carácter autónomo.

Sobre este último punto, la secretaria de Estado insistió en que los alcaldes "podrían repartirla si es que ellos así lo consideran", puesto que la píldora "sigue siendo un medicamento legal" y el fallo del TC sólo implica que deja de ser una política pública obligatoria para todos los consultorios y centros de salud.

No obstante, aseveró que el Gobierno no puede de sugerir la entrega de la píldora "porque sería una política pública" y se desacataría la resolución del TC.

Barría reconoció que su cartera estuvo en contacto con los municipios antes de ser notificada de la resolución del TC "para evaluar la posibilidad de transferir" el medicamento, si es que hubiese habido una cantidad importante de éste en los servicios de salud. Pero hoy, afirmó, esto no necesario, ya que "el stock no es muy importante".

En tanto, los dirigentes de los partidos de la Concertación que asistieron este lunes a la sede de Gobierno, manifestaron que el fallo se debe acatar.

El presidente del PRSD, senador José Antonio Gómez –quien denunció una actitud "inquisidora" de la Alianza por presentar este requerimiento que, a su juicio, atenta contra la libertad de las mujeres-, dijo que "en el ámbito de los municipios, nos parece que es posible repartirla sin producir ningún efecto contrario al fallo constitucional".