SANTIAGO.- Una ofensiva que incluye acciones políticas y judiciales anunciaron este mediodía parlamentarios oficialistas, tras la denuncia en contra de falsos exonerados políticos que falsificaron documentos para recibir pensiones estatales.
Un reportaje exhibido anoche por el programa "Contacto" además reveló que legisladores concertacionistas, sin verificar los datos, avalaron con sus firmas certificados fraudulentos con el fin de conseguir, en algunos casos, simpatía y votos que los favorecieran en las elecciones.
"Queremos partir diciendo que en este país sí hubo exonerados políticos y víctimas de la violencia política; pero también queremos decir que el tiempo nos dio la razón y que, lamentablemente, hubo personas que ocuparon fraudulentamente los beneficios destinados a las personas que efectivamente sufrieron el horror de la dictadura", dijo la diputada Karla Rubilar (RN), acompañada por los UDI Cristian Letelier y Felipe Salaberry; y los RN Pedro Browne, Leopoldo Pérez y Nicolás Monckeberg.
"Llegó el momento, por el respeto a las verdaderas víctimas, de investigar a fondo y sancionar a los responsables de este abuso y de este fraude. Es por eso que nosotros hemos conformado, como Coalición, un equipo de trabajo destinado a llevar todas y cada una de las acciones, para que logremos una sanción ejemplificadora, que no se puede abusar ni hacer lucro político con un tema tan sensible para el país como lo son los derechos humanos", señaló Rubilar.
Letelier agregó que "cuando el país votó que 'No' lo hizo en el convencimiento de que la gente que iba a gobernar lo iba a hacer con probidad. Hoy, justo en el día en que dicho conglomerado político celebra el triunfo del No, lamentamos nuevamente hechos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de la Concertación".
Las acciones que llevarán a cabo los parlamentarios, tal como lo anticipó Rubilar a Emol, implican solicitar un ministro en visita al presidente de la Corte Suprema, un Fiscal con dedicación exclusiva al Fiscal Nacional, y acciones ante el Consejo de Defensa del Estado.
"Esperamos que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Sergio Ojeda, renuncie a su cargo, porque está incapacitado moralmente de seguir presidiendo esta comisión. Él desestimó en el año 2008 las denuncias y hoy día aparece fuertemente cuestionado por este tema", anunció Rubilar, en alusión a que Ojeda también fue cuestionado con estas irregularidades en "Contacto".
Monckeberg, en tanto, hizo un emplazamiento "a aquellos que hace dos años injuriaron a la diputada Karla Rubilar (por este caso), que públicamente dijeron que no estaba diciendo la verdad, incluso que atentaron físicamente contra su propiedad, que hoy día sean los primeros en dar explicaciones y pedir disculpas", afirmó.
En la misma línea, Salaberry dijo que "estamos frente a un hecho grave e inmoral. Lo que existe aquí es no sólo una fábrica de votos para parlamentarios de la Concertación, que compraban votos a través de estos certificados, sino la inmoralidad de las autoridades de la época, ministros del Interior, presidentes de la República, que aceptaron la calidad de exonerados a través de certificados entregados por parlamentarios".