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Santiago: Lunes 18 de noviembre del 2024 | Actualizado 23:57
SANTIAGO.- Los cinco oficiales de la FACh -dos en retiro y tres en servicio activo- que fueron procesados ayer lunes por incumplimiento de deberes en relación a la tragedia del CASA 212, podrán abandonar la Brigada Aérea de El Bosque donde permanecen detenidos.
Ello, luego que la Corte Marcial confirmara de manera unánime la libertad bajo fianza otorgada por la ministra Dobra Lusic a cambio del pago de $100 mil.
Los beneficiados fueron el jefe del Estado Mayor del Comando de Combate, Guillermo Castro y el ex comandante en jefe de la V Brigada Aérea Julio Frías -ambos retirados-, a quienes -según la magistrada- les cabe responsabilidad en la caída de la nave al incumplirse procedimientos establecidos previamente por la institución.
A ellos se suman otros tres miembros de la FACh -el comandante Sergio Castro Moya, el capitán Mauricio Barría Ruiz y el teniente Mauricio Solano Pereda- quienes también son encausados por incumplir deberes militares.
El 21 de marzo del año pasado, el tribunal castrense confirmó la resolución del ministro Juan Cristóbal Mera, quien sobreseyó la investigación tras concluir que el origen del accidente fue que la tripulación perdió el control del avión por haberlo volado "a una altura peligrosamente baja", en medio de fuertes vientos y torbellinos.
Como las responsabilidades penales del piloto y la comandante del vuelo -tenientes Juan Pablo Mallea y Carolina Fernández, respectivamente- se encuentran extinguidas con su muerte, el magistrado dictó el sobreseimiento definitivo.
Sin embargo, los abogados que representan a los familiares de nueve de las víctimas recurrieron al máximo tribunal que revirtió la decisión del ministro en visita.
Lo anterior, con el objetivo de establecer la responsabilidades de los oficiales de la FACh que participaron en los procesos previos a la ejecución del vuelo, referidas tanto a su responsabilidad por cuasidelito de homicidio como por incumplimiento de deberes militares.
Lo primero, sin embargo, fue descartado por la ministra que sólo procesó por fallas en los procedimientos.
