SANTIAGO.- La Federacion de Trabajadores de Obras Sanitarias desmintió hoy informaciones que señalan que los funcionarios del sector obtuvieron "abultadas y jugosas" indemnizaciones a raíz de los procesos de privatización.
En una declaración pública se recordó que las privatizaciones han sido resueltas por decisión gubernamental y del Parlamento, "porque esta federación, por mandato de los 6.000 trabajadores a los cuales representa, se ha opuesto permanentemente a la privatización de las empresas sanitarias, porque la privatización para los trabajadores sólo significa despidos".
Se recuerda que en las empresas ya privatizadas los despidos han superado en promedio el 35 por ciento de la dotación de trabajadores (mas de un millar).
Indica que lo anterior ha sido posible por la aprobación de la Ley N.- 19.549, de noviembre de 1997, donde casi por unanimidad los parlamentarios procedieron a modificar el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios, donde entre otras modificaciones se permite la venta de las empresas estatales hasta del 65 por ciento.
Agrega que esa ley incluyó en su artículo sexto, la opción para que los trabajadores adquieran acciones a través de sus indemnizaciones, y a través de un crédito Corfo.
Señala que la federación pactó con el gobierno y el Sistema de Administración de Empresas (SAE), un acuerdo marco donde se reconocen los derechos laborales, la restitución de los recursos aportados por los trabajadores para el fondo de desahucio.
También se reconoce el pago anticipado de las indemnizaciones, el reconocimiento de los años trabajados en el sector sanitario, un beneficio de vulnerabilidad para aquellos que fueren despedidos durante el proceso de privatización.
Además, se aprobó el derecho a la compra de acciones con cargo a los beneficios del acuerdo y finalmente, en caso de existir otros asuntos no abordados en el acuerdo podrían ser tratados por una o más comisiones integradas por el Gobierno y los trabajadores.
Aclara que "como podrá apreciar la opinión pública, la ley es la que obliga a las empresas a pagar las indemnizaciones, no siendo este un gasto arbitrario de las empresas ni de CORFO, como se ha señalado, ni menos comprometer el erario nacional, salvo que los legisladores no se hayan preocupado de tener el debido conocimiento de lo que aprobaban".
Señala que si se revisan los valores de hoy de mercado se aprecia que lo pagado por los trabajadores con sus indemnizaciones es mayor, "lo que ha beneficiado al Estado y ha significado una baja participación de los trabajadores en la compra de acciones, por las condiciones poco propicias".
La Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, conminó a los legisladores a reconocer las decisiones tomadas en el Congreso en noviembre de 1997 (Ley 19.549), "y que ahora están objetando en la comisión investigadora del Congreso, así no se ayuda a construir una sociedad mejor".
