SANTIAGO.- Tras la desclasificación de los documentos sobre la intervención de la CIA en Chile entregados el lunes por Estados Unidos, el ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe anunció hoy que la Cancillería trabajará durante dos semanas en el análisis de los más de 1.600 documentos.
El secretario de Estado indicó que un equipo de 15 personas deberá someter a un "test mínimo de credibilidad" los archivos, para luego determinar qué hechos tienen carácter de delito y así emprender acciones legales.
No obstante, dijo que su intención no era precisar por ahora los posibles escenarios que tomará este delicado tema. Asimismo, reconoció que según los antecedentes proporcionados, existe información muy grave, como la supuesta planificación de un atentado en contra del ex presidente de la República, Patricio Aylwin, o la incidencia de la CÍA en el asesinato del senador Jaime Guzmán.
Por ello subrayó que "ese tipo de antecedentes se harán llegar a los tribunales de justicia". Agregó que "hubo agencias norteamericanas que trataron de influir indebidamente en el proceso político chileno".
En este sentido sostuvo que la idea es lograr la autodeterminación de los pueblos y no permitir la injerencia de otros países para resolver el futuro político de las distintas naciones, como en el caso nuestro.
Sin embargo, Huepe valoró de igual forma la colaboración del gobierno de Estados Unidos para la desclasificación de estos documentos que tiene que ver con la historia de Chile durante los últimos 30 años.
En tanto, sorpresa causó al ex ministro Enrique Correa que haya aparecido en la desclasificación de los documentos, como blanco de una acción terrorista por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
En declaraciones al vespertino La Segunda, insistió que hasta minutos antes que se instaurara la democracia en el país existía un "extravío criminal".
Añadió que con todos estos antecedentes, toda la maquinaria de crímenes se da a conocer públicamente "delatándose los unos a los otros y por este camino la opinión pública se entera de los horrores que vivió el país.
No obstante, precisó que lo importante es ir conociendo la verdad de los hechos, pero siempre mirar el futuro. Añadió que hay que dejar a los tribunales que trabajen.
Por su parte, el senador DC Adolfo Zaldívar aseguró que si bien el proceso de desclasificación es positivo, igual es una forma de intervención de Estados Unidos en la política interna del país.
El legislador sostuvo que el hecho deja en evidencia que la intervención del país del Norte no fue sólo ejecutada por un organismo de inteligencia, sino que representó una política oficial de los Estados Unidos.
Por ello, dijo que "la Concertación de las policías chilenas, brasileñas, uruguayas y argentinas no nacían por iniciativa propia, sino que era incentivada por los Estados Unidos para enfrentar la insurgencia comunista".
Insistió que Estados Unidos "se está lavando las manos". Por ello, sostuvo que no basta que desclasifiquen sino que asuman la responsabilidad de sus actos.
Estas reacciones de las autoridades se basan principalmente en los informes que declaran que el ex presidente Richard Nixon destinó cerca de 10 millones de dólares para evitar que Salvador Allende asumiera como Presidentde Chile en 1973.
Según se dejó constancia en un memorándum firmado el 16 de septiembre de 1970, el presidente Nixon en compañía de altas autoridades de la Casa Blanca y del director de la CÍA, habia expresado la intención de evitar que el ex jefe de Estado llegara al poder.
Asimismo, en un documento enviado por la CIA en octubre de 1990 al Departamento de Estado, se indicaba que un ataque terrorista se perpetraría en contra del ex director de la CNI, general (r), Humberto Gordon.
De esta forma se incrementó el resguardo policial al departamento del militar recién fallecido y se le recomendó que cambiara el domicilio por cuanto este carecía de una adecuada protección.
Entre los informes, destaca uno que señala que un coronel de Ejército retirado, Álvaro Corbalán Castilla "y un grupo de amigos de la familia Pinochet" idearon un plan para impedir que Augusto Pinochet entregara el gobierno en 1990 a la oposición, agrupada en la Concertación de Partidos por la Democracia.
El plan de Corbalán Castilla buscaba crear una sensación de inestabilidad política en el país, que hiciera imposible que Pinochet entregara el mando.
Un segundo plan para crear un clima de tensión en Chile, implicaba realizar atentados a personas e instituciones, incluyendo asaltos y robos, los que serían atribuidos a grupos de extrema izquierda.
También figura un archivo, calificado como "informe de inteligencia" que presenta casi todos sus párrafos tachados, el que indica que "estos antecedentes permiten concluir que el asesinato del senador Jaime Guzmán fue efectuado por una célula disidente del FPMR, infiltrada por hombres bajo el mando del ex Director Nacional de Inteligencia, Manuel Contreras".
En tanto, Álvaro Corbalán, figura en otros 42 documentos desclasificados, en los cuales se lo vincula con el asesinato del dirigente del MIR Jecar Neghme y también del atentado que mató al ex agente de seguridad, Luis Fuentes Morrison.
Los documentos desclasificados se refieren básicamente a acciones encubiertas de la CIA realizadas en Chile entre 1968 y 1975, aunque también se incluyen informes sobre hechos ocurridos en la década los años 1980, como el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en 1982, el caso de los jóvenes quemados Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, y el plebiscito de 1988.
