SANTIAGO.- El abogado asesor de la defensa del senador vitalicio Augusto Pinochet, Fernando Barros, insistió hoy en los cuestionamientos a la resolución del ministro de fuero Juan Guzman Tapia de encausar al ex comandante en jefe del Ejército, reiterando que el magistrado no respetó el debido proceso.
Según indicó el profesional a radio Agricultura, en la resolución del magistrado se enumeraron una serie de situaciones en que un grupo de personas desapareció o fue ejecutada, echando de menos la responsabilidad que se le atribuye al parlamentario, indicando además que se ha llegado a esta determinación "por un camino irregular, sin respetar el debido proceso", el cual implica la práctica de la declaración indagatoria del inculpado, oportunidad que tiene el acusado de poder dar su visión de los hechos.
Respecto a que si era válida la declaración emitida por el ex oficial en Londres, el abogado señaló que, en ese entonces, el senador Pinochet gozaba de fuero, por lo que no podía ser sometido a proceso ni a ninguna de las diligencias propias de un proceso, por lo que se debía entender este exhorto como una declaración propia de un testigo o de una persona que podía tener antecedentes.
Recordó además que el juez Guzmán había fijado en un principio la práctica de esa diligencia para el 9 de octubre y que después ello fue modificado por 30 días y hasta después de que estuvieran los resultados de los exámenes médicos, situación confirmada por la Corte de Apelaciones en su momento, agregándose también el requisito de sometimiento del general retirado a exámenes neurológicos.
"Por lo tanto, no parece serio decir que esta gestión en Londres se haga valer como declaración indagatoria, con el agravante de que, en ese momento, el senador Pinochet estaba en un muy delicado estado de salud, estaba preso, tenía otro nivel de preocupaciones y no tenía los antecedentes y papeles ni docuemntos que él maneja sobre situaciones que ocurrieron hace casi 30 años", agregó Barros.
Acerca de una eventual convocatoria al Cosena por esta situación, el abogado indicó que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden tienen todo el derecho de hacer ver su preocupación, por lo cual valida dicha instancia respaldada por la Constitución Política.
