VALPARAÍSO.- El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, presentó en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, junto al subsecretario (s) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, William García.
"Ha habido un esfuerzo fiscal significativo, que vale la pena hacer y que estamos más que dispuestos a hacer para financiar la actividad política, porque esto sin duda contribuye a cuidar y fortalecer la democracia", explicó el secretario de Estado.
El titular de Hacienda precisó que "hacia 2017 los recursos que involucra esta iniciativa llegan a casi US$ 62 millones y que el año próximo el aumento de recursos públicos destinados a esta actividad superará el 80%".
Valdés explicó que el proyecto, que es parte de la Agenda de Transparencia y Probidad que impulsa el Gobierno, aborda y corrige situaciones indeseadas que se producen "cuando existen espacios a formas de financiamiento irregular, y a veces ilegal, de la política".
En general, destacó que la iniciativa se funda en tres pilares: equidad, transparencia y control democrático.
En el ámbito de la equidad, señaló que se busca mejorar la calidad de la política, fortaleciendo a los partidos y limitando la influencia del dinero en las campañas políticas.
"Por primera vez se establece un financiamiento permanente a los partidos políticos, que estará sujeto al cumplimiento de requisitos. También se rebaja el límite de gasto electoral en 50%, salvo para las elecciones municipales, pero se incrementa significativamente el aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas y se aumenta el reembolso de gastos electorales que los candidatos reciben al término de las campañas”, explicó.
Valdés agregó que estas medidas se complementan con otras que delimitan los aportes a las campañas, incluyendo la prohibición de los aportes de personas jurídicas y aquellos que se realizan en forma anónima o reservada.
Asimismo, añadió que se establecen normas de prevención y control de conflictos de intereses en el desarrollo de la política, además de disposiciones para promover un debate pluralista e informado. También se fortalecen las atribuciones de control del Servicio Electoral.