Christian Zapata, El Mercurio
SANTIAGO.- Por ocho votos a favor y dos en contra se resolvió este lunes en comisión mixta aprobar el artículo 64 del proyecto de ley que fortalece el sistema de libre competencia, que otorga a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la facultad de iniciar la acción penal en casos de delitos de colusión, lo que en algún momento se pensó debería estar en manos del Ministerio Público.
"Creemos que la FNE tiene un récord en esta materia muy claro y categórico, y es ella la que tiene que ser capaz de querellarse en estos casos. Hemos establecido en esta indicación que en los casos que se compromete gravemente a la libre competencia, la FNE deberá querellarse y le da un plazo de hasta seis meses para poder hacerlo", dijo el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
Respecto a las discrepancias del Ministerio Público, que veían riesgo en entregar a una autoridad unipersonal la persecución penal de los hechos constitutivos de colusión, respondió que "no compartimos ese planteamiento, nos parece que es absolutamente constitucional lo que tanto la Cámara de Diputados como el Senado han entregado y la forma en cómo ha sido aprobado fortalece la colaboración entre la FNE y el Ministerio Público".
Quienes se opusieron a este artículo fueron el diputado Sergio Espejo (DC) y el senador Alberto Espina (RN). Según este último, "el fiscal nacional económico va a tener que querellarse en aquellos casos en que hay condenas por colusión cuando exista una grave afectación a la libre competencia. Tiene, por lo tanto, el monopolio de la acción penal. Y en aquellos casos en que no haya una grave afectación a la libre competencia va a tener que explicar por qué no se querella".
"Yo era partidario de que el Ministerio Público, una vez que había condena por colusión, pudiera deducir la acción penal para lo cual en el fallo del Tribunal de la Libre Competencia debía establecerse si existía o no una grave afectación a la libre competencia", precisó.
Por su parte, el senador Pedro Araya (independiente), que participó en la instancia, valoró el proyecto, toda vez que "se optó porque, en primer lugar, actúen las autoridades de carácter administrativo, que es el ente administrativo, la Fiscalía Nacional Económica, la que realice la primera investigación. Si la FNE determina que estos hechos son graves, llevará ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que es el organismo especializado en determinar si se atenta o no contra la libre competencia, si existe o no un cartel antes de que opere la acción penal".
En tanto, el senador Hernán Larraín (UDI) comentó que "con esto creo que se garantiza que va a haber persecución penal y no se va a ver afectada la delación compensada porque si se afecta esta no va a haber posibilidad alguna de descubrir, detectar y poder sancionar a los casos de colusión que se desarrollan en nuestra legislación".
Tras esto, la iniciativa deberá votarse en la sala de la Cámara de Diputados y luego en el Senado.
