SANTIAGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 94 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de ley que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
El texto legal, establece un directorio de siete integrantes, que permanecerán cuatro años en sus cargos y que serán designados de la siguiente forma: dos nombrados directamente por el Presidente de la República, cuatro serán elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública y uno determinado por los trabajadores.
También se estableció un mecanismo para la designación del representante de los trabajadores, dando oportunidades a todos, sean estos participantes de una federación o sindicato o sin filiación sindical.
El proyecto propone el desarrollo de una política de propiedad que definirá no solo objetivos generales, sino también el rol del Estado en el gobierno corporativo de la empresa, así como la forma en que ello se llevará a cabo. Además, buscará que el Gobierno no se involucre en la gestión cotidiana de la empresa, dándole autonomía operativa para alcanzar sus objetivos.
La propuesta, asimismo, plantea la aplicación supletoria de la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 18.046). En este ámbito se determina que la empresa se sujetará a las normas de dicho cuadro normativo, así como a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en todo lo que sea compatible con su ley orgánica. Además, se indica que la empresa estará sometida a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Diputados.
También, el proyecto determina que el Plan de Desarrollo y Negocios puede considerar operaciones de apoyo a políticas públicas que impliquen requerimiento de aporte fiscal, los cuales deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de Hacienda; y contempla una autorización para el Ministerio de Hacienda, a contar de la entrada en vigencia de la ley y hasta 12 meses siguientes, para efectuar aportes extraordinarios de capital por un monto de hasta US$400 millones.
El texto legal será analizado por el Senado, en segundo trámite legislativo.
