SANTIAGO.- "No vemos la razón por la cual un grupo social tenga un tratamiento distinto al resto de los ciudadanos".
Las palabras son del fiscal nacional Jorge Abbott, en referencia al hecho de que las investigaciones penales de delitos económicos están a voluntad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y no estén radicadas en el Ministerio Público.
Lo anterior a propósito del nuevo caso de colusión, esta vez con pañales desechables para bebés, que salió a la luz pública la semana pasada y que involucra a las empresas CMPC y Kimberly-Clark.
"No vemos la razón por la cual un grupo social tenga un tratamiento distinto al resto de los ciudadanos, particularmente en delitos de tanta gravedad como lo son los de colusión. Y que esto quede entregado a la voluntad de un órgano administrativo nos parece un error", aseveró.
En este sentido, recordó que "nosotros desde siempre manifestamos, durante la tramitación de la ley vigente, que nos parecía un error que el inicio de una acción penal quedara en manos de la Fiscalía Nacional Económica, que es un órgano de la administración del Estado, y nos parece, que en verdad, lo que corresponde es que el ejercicio de la acción penal le corresponda al órgano constitucionalmente llamado a perseguir penalmente los delitos".
"Alianza virtuosa" fallida
Pese a las críticas, Abbott, reconoció que en la institución que dirige están conscientes en que la Fiscalía Nacional Económica tiene las capacidades para investigar este tipo de delitos.
En esa línea, sostuvo que el Ministerio Público siempre planteó una "alianza virtuosa" con la FNE para perseguir los delitos.
"Cuando yo hablo de una alianza tiene que ver con que los delitos de colusión requieren de conocimientos, que por cierto el Ministerio Público no tiene y sí los tiene la Fiscalía Nacional Económica, y en ese sentido es que nos parecía que existiendo una alianza era la mejor solución", finalizó.
