SANTIAGO.- Cerca de 140 reclamos son los que ha recibido el Sernac en contra del Banco Itaú-Corpbanca. Lo anterior, porque los clientes aseguran que han sido víctimas de una serie de movimientos en sus cuentas que ellos no han autorizado.
Los consumidores acusan aprobaciones de créditos, avances en tarjetas, uso de dineros depositados y transferencias a terceros desconocidos. Sin embargo, las denuncias comenzaron a finales de 2017 y se han mantenido hasta la fecha.
Por lo anterior, el Sernac ofició a la entidad bancaria con el propósito de iniciar una mediación colectiva, gestión extrajudicial que busca que la empresa dé respuesta a los consumidores que señalan haber sido defraudados.
Respecto a las irregularidades, los clientes revelaron que sólo se dieron cuenta de ellas cuando les llegaba un aviso al celular o al correo electrónico. En ellos se informaba de aprobación de créditos y transferencias que, aseguran, nunca realizaron..
El pasado 21 de marzo, la entidad fiscalizadora ofició a Banco Itaú para conocer mayores antecedentes de este caso, entre ellos, los mecanismos que había dispuesto para enmendar estos hechos, la revisión y ajuste de sus mecanismos de seguridad, entre otros aspectos.
Sin embargo, Banco Itaú respondió explicando que sus sistemas de seguridad no habían sido vulnerados, eximiéndose de toda responsabilidad y culpando a los mismos clientes por el mal uso de sus herramientas de seguridad, como lo son las claves secretas y tarjeta de coordenadas.
Tras analizar los antecedentes, entre ellos, nuevos reclamos, información proporcionada por el diputado Sebastián Torrealba, además de la respuesta entregada por el Banco Itaú-Corpbanca, el Sernac decidió iniciar una mediación colectiva.
Con este escenario, el director nacional del Sernac, Lucas Del Villar, indicó que espera que la empresa esté dispuesta a buscar una solución a la brevedad ya que se trata de un problema que está afectando gravemente a un número importante de personas.
La autoridad recalcó que las entidades financieras tienen el deber de ser profesionales, lo que implica contar con estándares de seguridad y que, en caso de producirse algún hecho que afecte al consumidor, como fraudes generados por fallas en los mecanismos de seguridad, lo que se espera es que entreguen soluciones rápidas y oportunas a los afectados.
