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Santiago: Martes 12 de noviembre del 2024 | Actualizado 16:29
El 28 de noviembre de 2010 el Eurogrupo le concedió a este país —víctima de la influencia de la burbuja inmobiliaria en los pasivos de los bancos— asistencia financiera por un valor de 85.000 millones de euros: 45.000 millones fueron aportados por los socios del euro, así como por el Reino Unido, Dinamarca y Suecia, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso 22.500 millones y la propia Irlanda 17.500 millones.
En el programa impuesto a Irlanda se incluían como condiciones un ajuste fiscal para corregir su déficit excesivo, un saneamiento del sector bancario y una serie de reformas estructurales, en particular del mercado laboral.
El Gobierno se comprometió a reducir el déficit presupuestario por debajo del 3% para 2015 y a suprimir 25.000 empleos públicos, subir los impuestos y recortar el gasto social. Asimismo, constituyó un "banco malo" para transferir los activos tóxicos de las entidades financieras. De esta forma, Irlanda salió de su rescate en diciembre de 2013 sin necesidad de ayuda adicional.
El 16 de mayo de 2011 fue aprobado un rescate de 78.000 millones de euros durante tres años a Portugal, cuyas cuentas presentaban un balance negativo debido a una burbuja de inversión mientras que sus bancos habían perdido la capacidad de financiarse en el mercado. Del total, 52.000 millones fueron aportados por los socios europeos y 26.000 por el FMI.
Europa exigía a Portugal un programa de ajuste fiscal, reformas estructurales y mantenimiento de la solvencia financiera.
El Gobierno aprobó la privatización de empresas y servicios públicos, la congelación de salarios y pensiones o la subida de impuestos para reducir el déficit hasta el 3% antes de 2014, aunque no lo consiguió hasta 2016. Además aprobó una ley para capitalizar los bancos y aumentó las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social y redujo las aportaciones de las empresas. Con ello, Portugal salió con éxito de su programa en junio de 2014 y ya ha realizado varias devoluciones anticipadas de sus créditos.
El 16 de marzo de 2013, los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro acordaron el rescate a Chipre por 10.000 millones de euros, 9.000 millones aportados por la UE y 1.000 millones por el FMI.
El Eurogrupo a cambio exigió a Chipre que recaudase 5.800 millones adicionales mediante una quita a los depósitos privados y que aumentase el impuesto de sociedades hasta el 12,5%. Este impuesto extraordinario se iba a aplicar en un inicio a todos los ahorradores, sin embargo, el Eurogrupo rectificó al respecto dos días más tarde, y el Parlamento chipriota rechazó una versión suavizada que dejaba exentos los ahorros inferiores a 20.000 euros.
Además de la reestructuración de la banca, se exigió al país que consolidase sus finanzas, reduciendo su déficit y mejorando la recaudación tributaria, así como que aplicase reformas estructurales, en particular en materia de salarios. Tres años después, Chipre puso fin a su rescate en marzo de 2016.
El 9 de junio de 2012 el Eurogrupo concedió una línea de crédito a España de hasta 100.000 millones de euros de ayuda directa a los bancos debido al desequilibrio de los balances de las entidades financieras por culpa de la burbuja inmobiliaria.
El caso español de ayuda financiera es diferente a los modelos griego, portugués, irlandés y chipriota puesto que no se rescató a toda la economía del país.Por ello el Eurogrupo no exigió condiciones de ajuste macroeconómico al Gobierno, ya que las medidas se limitaron sólo al sector financiero, pero se introdujeron requisitos en materia de gobernanza y un estricto seguimiento de la banca. También se vigilaron de cerca las reformas laborales y ajustes fiscales.
España acometió una profunda reestructuración y recapitalización del sistema bancario, y creó un banco malo (Sareb) para dar salida a los activos tóxicos del sector. Del crédito sólo utilizó 41.333 millones y el rescate duró 18 meses.
El programa, que no contó con participación del FMI, se cerró en enero de 2014 y España ya ha devuelto más de 14.000 millones del mismo. Todos los países que han pasado por un rescate están sujetos a un programa de vigilancia hasta que devuelven en 75% del mismo.
