SANTIAGO.- "Concluye un complejo proceso de la banca, tras la severa crisis financiera de los 80 en Chile. Hoy el Banco de Chile paga el total de la deuda subordinada, 17 años antes de lo estipulado, con un costo de UF+5. Importante hito para quienes son y han sido parte de esta institución".
De esta manera, el empresario Andrónico Luksic -presidente de Quiñenco, grupo que controla el Banco de Chile- ponía fin a un histórico proceso, que se generó tras la crisis económica que afectó al país hace casi 40 años.
Fueron el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, junto al Vicepresidente de la institución, Joaquín Vial, quienes recibieron la visita de las autoridades del Banco de Chile con la que se formalizó el término de la obligación subordinada, por poco más de $90 mil millones, correspondiente a la última obligación pendiente con el Banco Central originada en la crisis financiera de 1982-83.
En la ocasión, Marcel declaró que para la institución que representa, el pago de la última cuota de la denominada deuda subordinada por el Banco de Chile era "motivo de satisfacción, pero no de celebración".
Asimismo, el economista felicitó los directivos del banco privado por haber logrado generar los recursos para adelantar el pago de la deuda, en circunstancias que en un inicio se percibía que iba a tener dificultades para pagarla en los plazos establecidos.
El origen de los compromisos
Marcel destacó que la deuda se originó en el rescate del sistema financiero tras la crisis de 1982-83, "episodio que implicó un enorme costo para el país". Dicha crisis provocó la quiebra de miles de empresas, hizo que cientos de miles de chilenos perdieran su empleo y su resolución demandó ingentes recursos del Estado, marcando el balance del Banco Central por casi cuatro décadas.
"La extinción de la deuda subordinada es una oportunidad para reconocer los altos costos económicos y sociales de las crisis financieras, resaltar las lecciones aprendidas de nuestra experiencia y valorar los cambios que ha tenido el sistema financiero chileno con posterioridad a la crisis", señaló el presidente del Banco Central.
{CITA Mario Marcel: Esta es una oportunidad para renovar el compromiso de todos los sectores -autoridades, reguladores y actores de la industria- para que nunca más se vuelva a exponer al país a un episodio como éste. Los riesgos para la estabilidad financiera siempre están latentes".
En la crisis de 1982-83, el PIB cayó 14% en un año y la tasa de desempleo superó el 25%; 22 instituciones financieras, responsables de 60% del crédito fueron intervenidas. La resolución de la crisis tuvo un costo fiscal directo del 41% del PIB, lo que hace a la crisis chilena de los 80 una de las más costosas de la historia, considerando desembolsos fiscales y pérdidas de producto.
Lecciones aprendidas
El Banco Central enfatizó que entre las principales lecciones aprendidas de la crisis destacó: (a) la importancia de una política macroeconómica responsable, que facilite el ajuste de precios relativos frente a cambios en el entorno y sea capaz de amortiguar, en lugar de acentuar, el ciclo económico; (b) la necesidad de evitar un comportamiento procíclico del crédito y la exposición de las instituciones financieras a riesgos cambiarios, y (c) el papel crítico de una institucionalidad regulatoria potente, dotada de las competencias, instrumentos y recursos necesarios para desempeñar rigurosamente su labor, identificar la evolución de los mercados y adaptarse a ellos.
El Presidente del Banco Central destacó que las lecciones de la crisis se extienden a los recientes cambios institucionales y regulatorios de la banca, como la Ley de Bancos. Finalmente, Marcel recordó que las necesidades de actualización de la regulación financiera chilena no se agotarán con la implementación de esta ley.
En particular, "sigue siendo necesario avanzar en modernizar el marco de resolución de bancos en problemas y en el desarrollo de una nueva institucionalidad de seguro de depósito", lo cual espera que se produzca una vez se complete la etapa normativa de la aplicación de la Ley General de Bancos.