Las plataformas de transporte Uber y Lyft ahora tendrán que clasificar a sus conductores en California como empleados, en virtud de un proyecto de ley aprobado el martes que podría remodelar profundamente la economía colaborativa y dar ejemplo en el mundo entero.
Los defensores de la llamada "economía gig" dicen que este mecanismo permite flexibilidad, pero sus detractores dicen que priva a los trabajadores de estabilidad y seguridad.
Según el proyecto de ley, los trabajadores en California, el estado más grande de Estados Unidos por su PIB, deben ser designados como empleados y no como contratistas, si su trabajo o desempeño es controlado por la empresa o si son parte del negocio habitual de esa empresa.
La iniciativa, que ha significado una amarga lucha para los gigantes tecnológicos, se aprobó con 29 fotos a favor y 11 en contra en la Cámara Alta de la legislatura estatal y sienta un precedente que puede copiarse en estados como Nueva York, donde los grupos laborales están presionando por derechos similares para los trabajadores.
La cámara baja, que ya aprobó el proyecto de ley, ahora votará las modificaciones presentadas por el Senado, antes de enviarlo al gobernador de California, Gavin Newsom. Debería entrar en efecto el 1 de enero próximo.
Se espera que Newsom firme el proyecto, luego de apoyar la medida la semana pasado en una columna de opinión publicada en el periódico Sacramento Bee.
Las aplicaciones que funcionan sobre la 'economía gig', en el pasado recibieron el apoyo de economistas liberales y conservadores, pero actualmente enfrentan una creciente presión política. El valor de sus acciones también se ha visto disminuido o estancado ya que los inversores se preocupan por la legislación potencial.
Tanto Uber como Lyft advirtieron sobre el impacto de este tipo de normas en un artículo de opinión conjunto en el diario San Francisco Chronicle antes de la audiencia del proyecto de ley.
"Tampoco es ningún secreto que un cambio en la clasificación de empleo de los conductores de viajes compartidos representaría un riesgo para nuestras empresas", señalaron.
Pero Lorena Gonzalez, la representante demócrata autora del proyecto, dijo a Bloomberg que la iniciativa significaba que una compañía "no puede jugar con el sistema al clasificar erróneamente a sus trabajadores".
