"Estudio de Mercados sobre Compras Públicas", es el título del nuevo trabajo dado a conocer este martes por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el cual -a través de un informe preliminar- detecta una serie de falencias y desliza algunas recomendaciones para mejorar el sistema de compras estatales chileno. Con esto, según un cálculo "conservador" del organismo, el Fisco podría ahorrar entre US$290 y US$855 millones al año.
De acuerdo con el reporte, Chile cuenta con un sistema de compras públicas que ha funcionado de buena manera y que es un referente a nivel regional, pero que requiere ser actualizado. Así, entre las principales deficiencias detectadas por la FNE, se cuentan la mala planificación de las adquisiciones que realizan los organismos públicos, falta de sistematización de los datos disponibles sobre las compras y la inexistencia de reglas para determinar el tipo de contrato que se utiliza, lo que podría estar causando ineficiencias considerables,
La fiscalía también destacó que el Estado no está enfrentando mercados competitivos en sus procesos de compra.
El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, destacó que el mercado de compras estatales chileno mueve cerca de US$10 mil millones al año y que "cada peso que el Estado pueda ahorrar en comprar públicas puede ser destinado a otros fines más prioritarios que hoy, además, son sumamente urgentes", aludiendo a la crisis económica, sanitaria y social que vive el país a raíz de la pandemia.
En su estudio, la FNE detectó que participan pocos proveedores en las licitaciones (que explican 55% de las compras) y que falta competencia en la entrada y funcionamiento de los convenios marco (25% del total). De hecho, la fiscalía cuantificó ahorros que irían entre US$240 millones y US$805 millones al año solo si se lograra mejorar el mecanismo de elección de proveedor entre las empresas que ta están dentro del convenio marco.
Asimismo, el organismo aseguró que el Fisco podría ahorrar otros US$50 millones si existieran reglas para definir el tipo de contrato que debe utilizarse en cada proceso de compra.
Este, según la FNE, es un "cálculo conservador", ya que a estos montos hay que sumar otras varias eficiencias cuya magnitud no fue posible estimar, pero que se relacionan con menores precios por planificar mejor las necesidades y definir mercados, ahorros conseguidos por menor costo administrativo al estandarizar procesos de licitación, menores precios por mayor competencia en la primera fase del convenio marco y por una utilización más acotada de los tratos directos, entre otras cosas.
El diagnóstico también develó que es necesario robustecer la fiscalización de los procesos de compra, ya que se detectó que en casi 60% de los tratos directos las justificaciones entregadas por los órganos públicos no satisfacen los criterios establecidos en la regulación para su procedencia.
Propuestas de la FNE
Debido a lo anterior, la Fiscalía propone diversas medidas para que el Estado compre de manera más eficiente, actualice las instituciones fiscalizadoras y aumente los niveles de transparencia de la información. Recomendaciones que se agrupan en dos grandes áreas: aquellas relacionadas con optimizar la competencia y la eficiencia en las compras, y aquellas de carácter estructural.
Las medidas de la FNE abordan ocho aspectos del sistema, que se refieren a la estructura del sistema, datos y transparencia, planificación y presupuesto, funcionamiento de licitaciones, de convenios marco y de tratos directos, además de selección y gestión de contratos.
En cuanto a las mejores institucionales, destacan dotar a ChileCompra de facultades regulatorias, robustecer el sistema de fiscalización, ampliar la competencia del Tribunal de Contratación Pública y modificar su orgánica y, al mismo tiempo, modernizar el sistema electrónico de ChileCompra, de tal manera que migre a una modalidad completamente digital.
"Esto significa que toda la información dentro del sistema de compras públicas debe nacer y morir digitalmente", explicó el fiscal Riesgo, aspecto que, a su juicio, es fundamental ya que "permitiría a la propia FNE un monitoreo más eficiente de colusión en licitaciones públicas, una detección más expedita de actos de corrupción por parte de los organismos pertinentes y, en general, una supervigilancia mucho más accesible para los ciudadanos respecto del gasto público".
Según la FNE, estas recomendaciones están alineadas con las mejores prácticas de los países de la OCDE y, además, muchas de ellas ya han sido planteadas por organismos como la Comisión Engel, el Observatorio Fiscal, el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y también por ChileCompra.
Este estudio es el quinto que realiza la FNE, después de los de Rentas Vitalicias, Notarios, Textos Escolares y Medicamentos.
Este informe preliminar quedará disponible en el sitio web de la FNE para comentarios, que se recibirán hasta el viernes 25 de septiembre. Una vez procesados esos aportes, se elaborará el informe final, con las recomendaciones que serán remitidas al Ejecutivo.
