Esta tarde la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados comienza la revisión del proyecto del Gobierno que busca permitir un segundo retiro desde los fondos de pensiones, iniciando así la carrera por que estos montos lleguen antes de Navidad a manos de los afiliados que decidan hacer uso de sus ahorros previsionales.
El principal nudo que enfrentará la iniciativa del Ejecutivo en la Cámara dice relación con la idea que defiende La Moneda de que a los montos retirados no estén exentos de impuestos a la renta, por lo que todas las personas que saquen parte de sus fondos y tengan una renta mensual superior a $688 mil, deberán tributar.
Si bien el Senado hizo importantes modificaciones al proyecto del Gobierno, ese punto no fue eliminado, por lo que los diputados de oposición -y también algunos oficialistas- buscarán, al menos, acotar el universo que deba pagar impuestos por su retiro: que sean solo aquellos con ingresos mensuales sobre los $2,5 millones, y así no afectar, según argumentan, a la clase media.
Eso sí, de concretarse indicaciones en esa línea, la tramitación del proyecto tardaría más. Ya que, con esto, necesariamente la iniciativa tendría que ser revisada por la comisión de Hacienda, luego ser votada en Sala y volver a ser discutida en el Senado, complejizando el camino para llegar con un segundo retiro antes del 25 de diciembre.
Desde Chile Vamos tampoco hay una posición clara respecto al tema del impuesto, y de hecho hoy, a eso de las 12:30 horas, se habrían reunido algunos parlamentarios de la vereda oficialista para unificar posturas.
El diputado y miembro de la comisión de Trabajo, Francisco Eguiguren (RN), comentó a Emol que "espero que en la comisión de Trabajo reine un espíritu de diálogo, una voluntad de sacar con prontitud este proyecto para que esté despachado antes del 3 de diciembre con el objeto de que las personas que quieren hacer su retiro tengan los recursos disponibles antes de Navidad, y que las altas rentas tributen".
Dicho eso, aseguró que "yo entiendo altas rentas de $2,5 millones para arriba, no me digan que altas rentas son $700 mil, no me digan que altas rentas es $1 millón".
"No, aquí las altas rentas debieran ser a lo menos de $2,5 millones para arriba. Los otros debieran quedar en el tramo exento", recalcó.
Mientras que el diputado Eduardo Durán (RN), de la misma comisión, tras asegurar que apoyará el segundo retiro, expuso que "también daré mi parecer en algunos puntos que me parece clarificar, y así tener una aprobación expedita del proyecto".
"Por ejemplo, el reintegro obligatorio de los fondos será una indicación que va a presentar el Ejecutivo y que yo voy a rechazar, porque creo que esto debe ser voluntario. Respecto del cobro de impuestos, sostengo que personas que ganan $700 mil no pueden considerarse como ricos, es absurdo, por lo tanto le pido al Gobierno que modifique ese parámetro a los tramos de ingresos más altos. Y por último, espero que el pago de pensiones alimenticias deducidas de este retiro del 10% sea obligatoria y su cobro sea inmediato", resaltó.
Distinta a la visión que tiene el diputado y miembro de dicha comisión Guillermo Ramírez (UDI), quien afirmó a este mismo medio que "cualquiera indicación que provenga de los parlamentarios que intente modificar el régimen de impuestos para el retiro del 10% es inconstitucional, es ilegal".
"Yo no voy a participar de una indicación inconstitucional en circunstancias que he criticado el proyecto (de reforma constitucional) de Pamela Jiles justamente por ser ilegal", subrayó. Además, señaló que "el tema de los impuestos es un tema que se puede ver después, el Gobierno puede presentar un proyecto de ley para modificar el tema tributario en el retiro del 10% más adelante, si los impuestos se declaran en abril. Creo que todas aquellas personas de oposición, y también del oficialismo, que están a favor del retiro del 10% debieran optar por aprobar rápidamente este proyecto y dejar la discusión de los impuestos para después".
Con esto, Ramírez aseguró que "yo el proyecto de retiro del 10% lo voy a votar en contra porque es una mala política pública, tanto si lo presenta la oposición como si lo presenta el Gobierno".
