Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para resolver las diferencias -sobre todo por su financiamiento- respecto al debate de la Pensión Garantizada Universal (PGU) entran en una semana clave.
Vale recordar que se trata de un aporte directo de $185 mil mensual para quienes estén dentro del 80% más vulnerable.
Mientras que para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% de vulnerabilidad, dicho monto iría disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%, excluyendo solo al 10% de mayores ingresos.
Por un lado, a eso de las 14 horas de hoy, se espera que la comisión de Trabajo del Senado revise y vote en general el proyecto que crea el beneficio, además de ciertas indicaciones que fueron solicitadas por los parlamentarios, como la idea de consensuar algunos conceptos relacionados con los efectos en las rentas de invalidez, o también aquellas que apuntan a generar una herramienta simple y que sea aplicable a todo el universo que determina la norma.
Al respecto, el senador Rodrigo Galilea (RN), quien integra la comisión, manifestó este domingo "nos parece que el proyecto está suficientemente financiado de aquí a unos 50 años, pero hay inquietudes que el Gobierno y en la comisión tratarán de resolver para, ojalá la próxima semana, verlos aprobados en el Congreso".
Así, en caso de que la instancia logre despacharlo, este martes la comisión de Hacienda evaluaría tanto el texto de la PGU como lo que se ha convertido en la gran piedra de tope durante la tramitación legislativa: su financiamiento.
Con todo, Ximena Rincón (DC), presidenta de la Cámara Alta, y quien encabeza dicha comisión, ha reconocido la disposición de los sectores para lograr acuerdos. "Si seguimos y logramos avanzar en la línea de lo que estamos conversando hoy día entre Gobierno, nuevo gobierno, los parlamentarios de Hacienda, queremos conversar con nuestros colegas, espero antes del martes que vamos a empezar a tramitar esto en nuestra comisión, creo que vamos a lograr destrabar esta situación", indicó a Radio Universo la semana pasada.
De esta forma, la estrategia del Ejecutivo las últimas semanas ha sido sellar acuerdos con legisladores de oposición y el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, para destrabar este punto, y pese a que todavía no existe un acuerdo pleno, ya hay ciertas luces sobre las propuestas complementarias que estarían sobre la mesa.
Esto considerando que el objetivo de La Moneda es tener aprobadas y despachadas a ley ambas iniciativas, y así iniciar los pagos en febrero.
Las propuestas sobre la mesa
En ese sentido, -según consignó El Mercurio- el Gobierno entregó hace unos días una fórmula alternativa de financiamiento, conforme a la cual habría mostrado cierta apertura para elevar la sobretasa de impuesto territorial a viviendas cuto valor sea superior a $400 millones, una medida que también está dentro del programa de Boric, y lo que busca es elevar su tasa estableciendo nuevas reglas de valoración de dividendos.
Asimismo, habría acercamientos respecto a nuevas exenciones que van en línea con lo que se propone sumar en la reforma tributaria del nuevo gobierno,
como la de gravar patentes mineras que no sean utilizadas y los fondos de inversión privados (FIP) que están exentos del impuesto de primera categoría.
En contraparte, se seguiría estudiando la reposición del IVA a los servicios –excepto transporte, salud y educación- y la eliminación del crédito especial IVA a la construcción para el segmento de viviendas sociales. Igualmente, entre las tratativas estaría la eliminación de la renta presunta.
Sin embargo, desde La Moneda no estarían dispuestos a respaldar, por ejemplo, el impuesto a los "súper ricos", que fue aprobado por la Cámara de Diputados hace unas semanas, mientras que desde la oposición han descartado el dar luz verde al mecanismo de sustento a partir de la reducción de los aportes al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).
