La Corte Suprema acogió el recurso presentado por una serie de universidades que son parte de la Asociación para el Desarrollo de Tecnologías Limpias (Asdit)
en contra de la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) realizada en el gobierno anterior a la Associated Universities, Inc. (AUI). Dicha iniciativa considera el aporte por un máximo de US$ 193 millones en una década al consorcio ganador, fondos que provienen de los recursos que paga SQM, en el marco de los contratos de arrendamiento para la explotación del litio en el Salar de Atacama.
Entre las razones, el dictamen apunta a la participación de Felipe Commentz Silva en el Consejo de Corfo que dictó la decisión final de adjudicación en favor de AUI, lo que, a juicio del tribunal, "constituye una irregularidad manifiesta". Commentz era el gerente general de la agencia estatal, pero también participó de la instancia definitoria como vicepresidente ejecutivo subrogante, ante la inhabilitación del titular de la Corfo, Pablo Terrazas.
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