Uno de los temas que se abordó este martes en la comisión de Hacienda de la Cámara, que en las últimas semanas ha estado sumergida en el análisis -junto a expertos y distintos gremios- de los alcances de la reforma tributaria del Ejecutivo, fue el impacto que el impuesto a la riqueza -o al patrimonio- podría tener.
Ha sido uno de los tributos que más reparos genera, principalmente porque se cuestiona que recaude lo que se proyecta y, por lo mismo, varios países que lo han implementado con el paso de los años lo desecharon. Pero en el Gobierno apuestan por él, y no ponen en duda que se logrará recaudar el 0,5% del PIB en régimen que se prevé rinda este tributo.
En ese sentido, Michel Jorratt, socio de Jorratt y Asociados, y ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), uno de los invitados a exponer esta jornada, comentó que una de las preocupaciones que ha surgido en torno a este gravamen es que "podría, dependiendo de las rentabilidades que generan esos patrimonios, significar una carga tributaria excesiva cuando uno considera el efecto combinado del impuesto a la renta más el impuesto al patrimonio".
Por lo mismo, dijo que una posibilidad para evitar aquello es "copiar un poco lo que se hace en Suiza, la norma del impuesto al patrimonio en Suiza, que es el país que más recauda con este impuesto, dice que para el caso de contribuyentes que tienen domicilio en Suiza, la carga tributaria máxima considerando ambos impuestos, a la renta y al patrimonio, no puede exceder de un cierto límite, que en el caso de ellos lo establecen en un 60%. Es decir, en ningún caso podrá exceder del 60% de la renta líquida imponible".
"Pienso que una norma de ese estilo, definiendo un porcentaje que se considere razonable, podría dar más certeza de que no estaríamos frente a una combinación de impuestos que pudiese resultar, eventualmente, en algo excesivo", añadió.
Tras ello, Jorrat se refirió a la efectividad recaudatoria del tributar la riqueza, y explicó que "las rentas empresariales tributan en base a retiros, por lo tanto, si uno mide el impuesto como porcentaje de la renta, claro, efectivamente, puede ser más baja que la que paga un trabajador dependiente de renta alta. Entonces, eso es lo que se intenta corregir, ya sea con un impuesto como el de las utilidades retenidas en sociedades de inversión, o a través de un impuesto al patrimonio, hacer que esas personas paguen realmente en función de su capacidad económica".
Entrando más en detalle de lo que ocurre con la legislación suiza, resaltó que "establece que el impuesto total pagado por concepto de impuesto al patrimonio e impuesto a la renta no puede exceder en total del 60% de la renta líquida imponible, Y para esos efectos, se supone que el patrimonio de las personas que ha sido contabilizado por concepto de impuesto al patrimonio genera una renta neta del 1%".
De esta manera, sostuvo que "a la renta imponible del impuesto a la renta se le suma esa renta presunta del patrimonio del 1% que no está considerada en la renta líquida imponible, y eso no puede exceder de una tasa del 60%. Si excede, entonces se paga solamente hasta completar ese 60%"
Y destacó que dicho impuesto "está entre los que más recauda, ha recaudado en torno al 1% del PIB, es parte importante de la estructura tributaria, en los otros países recauda en torno a 0,5 del PIB. Imagino que esa es la razón por la cual no los han eliminado".
Además, mencionó que esta medida figura en otros países de la OCDE, como España, Noruega, y Colombia.
Oportunidad de la reforma tributaria
Al ser consultado por la oportunidad en la que se presenta la reforma tributaria, con una economía al borde de entrar en recesión, Jorrat indicó que "lo importante es que se plantea una implementación progresiva, por lo tanto las medidas que inicialmente entran en vigor son pocas, que coinciden con los años que probablemente la economía no esté en su mejor momento, y la implementación plena es a partir del 2016".
"Creo que es es una buena cosa, porque sino nunca vamos a encontrar la oportunidad precisa para hacer una reforma tributaria,que yo creo que se tuvo eso en mente para establecer esta gradualidad", apuntó.
En esa línea, el actual director del SII, Hernán Frigolett, coincidió con esa postura y recalcó que se trata de "una implementación que está diferida en el tiempo, y su plenitud está puesta a tres o cuatro años plazo, entonces esperemos que los momentos difíciles vayan quedando atrás, y que, efectivamente, en el momento de plena aplicación de la reforma, la economía chilena esté en el mejor momento posible".
"En ningún caso vamos a renunciar a lo que son los objetivos de recaudación que se derivan de la implementación de medidas que mitiguen la evasión y la elusión, para eso no hay momento económico adecuado. Tenemos que hacerlo lo antes posible, y obviamente, en la medida que tengamos éxito, el alivio fiscal va a ser más inmediato. En ese sentido, nuestros objetivos están bien claros", aseguró.
"Hay una convicción de que, efectivamente, la reducción de la evasión y el control de la ilusión le va a hacer bien a la economía del país", zanjó Frigolett.
