Este lunes se espera que se lleve a cabo la primera votación de una de las reformas estructurales del Gobierno, clave para financiar la mitad del programa de transformaciones que tiene en carpeta la actual administración: la reforma tributaria.
Fue a fines de julio que el proyecto comenzó a ser analizado por la comisión de Hacienda de la Cámara, instancia que por más de dos meses se abocó a escuchar una serie de audiencias, tanto por parte de expertos y gremios, como desde el propio Ejecutivo, para conocer el detalle del texto.
Y si bien hace dos semanas se había planteado que, una vez presentada la batería de 27 indicaciones con las que se busca perfeccionar la iniciativa, la comisión evaluaría si votaba en general el miércoles 14 de septiembre, algunos diputados de oposición -entre ellos, Miguel Mellado (RN), Gastón Von Mühlenbrock (UDI) y Frank Sauerbaum (RN)- indicaron que era preferible postergar la votación para poder analizar con calma los cambios expuestos.
Dicha petición fue avalada tanto por el el diputado Jaime Naranjo (PS), quien preside la comisión, como por el resto de los integrantes de esta instancia legislativa, fijándose como fecha tope para visar la propuesta en su idea de legislar este 26 de septiembre.
Las modificaciones apuntan a incentivar la inversión, fortalecer la agenda antielusión y evasión; mejorar el nuevo sistema a la renta que se propone; además de perfeccionar el régimen pyme y el impuesto al patrimonio. Todo ello, de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Hacienda, implicarán una menor recaudación tributaria de 0,5 puntos. Es decir, esta pasará del 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen previsto originalmente, a 3,6% del PIB.
En el detalle, esta recolección se mantiene inalterada en 2023 versus lo proyectado inicialmente; mientras que en 2024 y 2025 se traduciría en un ajuste a la baja de cinco décimas, respectivamente; y luego en seis puntos porcentuales, a 3,5%, en 2026. El régimen se concretaría, entonces, en 2027.
Con todo, el ministro Mario Marcel espera que dicha merma -equivalente a US$1.700 millones- sea compensada por un mejor desempeño económico, dadas las mayores ganancias que se prevén sean impulsadas por las nuevas medidas pro inversión que contemplan las modificaciones, las que agregarían US$350 millones. A ello se sumaría un menor gasto en intereses por parte del sector público, estimado en US$1.200 millones.
A este respecto, el jefe de las finanzas públicas señala la semana pasada que las indicaciones al proyecto están listas, pero que por reglamento se pueden presentar después de la votación en general.
"Esperamos tener apoyo y poder continuar, seguir avanzando en la discusión de la reforma tributaria donde ya vamos a tener una reforma que, con las indicaciones incorporadas ya va a tener algunos ajustes importantes recogiendo muchas de las observaciones que se nos han hecho en el proceso legislativo y en todas las otras instancias en las que hemos estado discutiendo sobre esta materia", dijo el jefe de las finanzas públicas.
Espaldarazo de la OCDE
En la antesala de su votación, la propuesta impositiva del Gobierno recibió un espaldarazo por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según señala la entidad en su Economic Survey, difundido el viernes pasado, la idea de "aumentar los ingresos públicos en 4 puntos porcentuales del PIB, como lo planean actualmente las autoridades, es ambicioso pero es factible a través de una reforma tributaria integral" -dato que está desactualizado, luego de que Hacienda anunciara indicaciones que reducirán la recaudación esperada en medio punto del PIB-.
La OCDE considera que "la actual propuesta de reforma fiscal contiene muchos elementos que van en la dirección correcta de recaudar ingresos adicionales de forma progresiva, al tiempo que se promueve la productividad y sostenibilidad ambiental".
Y si bien reconoce que el aumento de los impuestos "puede dar lugar a distorsiones que pueden pesar sobre el crecimiento económico", resalta que "el efecto global de un paquete de reformas fiscales puede ser significativamente más favorable si los ingresos adicionales se utilizan para financiar gastos que mejoren el crecimiento y la igualdad de oportunidades".
