Con el fin de abordar el tema de la quiebra de las empresas constructoras y las consecuencias sociales, laborales y económicas que esto podría traer para el país, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados citó a los ministerios de Economía, Obras Públicas, Hacienda y Salud, sin embargo, el primero se excusó y no asistió. Asimismo, se convocó a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Javier Hurtado, asesor de la CChC, sostuvo que han “identificado 351 contratos con problemas sobre costo. Estas obras tienen un total de potenciales beneficiarios de 9,5 millones de personas”.
El presidente del grupo de contingencia financiera de la CChC, Sergio Torreti, sostuvo que han “detectado algunos nudos críticos que son necesarios de abordar con urgencia, esto tiene que ver con permisos ambientales, patrimoniales, procesos de pagos, tramitaciones, liquidación de los contratos, cambios de servicios, expropiaciones, retenciones, póliza de garantías, entre otras”.
Asimismo, expuso que es “no es solo el tema de los costos de los materiales, sino que también nos afecta muchísimo el tema administrativo. Es importante abordar estos temas para producir el menor impacto posible en el sector y la economía del país”, dijo Torreti.
En esa línea, Hurtado complementó que “se demoran más allá de lo necesario, cambian de criterio en la Comisión de Evaluación Ambiental. En el tema patrimonial, cuando se encuentra un hallazgo arqueológico se detiene el proyecto y pueden pasar meses y esto tiene un efecto financiero importante. A esto se le suma y el pago oportuno y la aceptación de facturar a tiempo”.
Durante la comisión, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, aseguró que “hay dificultades que se vienen arrastrando desde le 2021. En ese sentido, se ha hecho un seguimiento permanente desde marzo, el cual nos ha permitido tomar decisiones progresivas para enfrentar esta situación”. Asimismo, sostuvo que hoy existen 96 contratos abandonados por diferentes razones, lo que equivale al 5,8%.
Asimismo, detalló una seria de medidas que van en ayuda del sector, como el reajuste polinómico – así, los contratos incorporan la variación de precios de materiales -,el convenio con Banco Estado para entregar mejores condiciones para los créditos, aumentar en hasta un 20% el presupuesto oficial para la licitación, entre otras.
Finalmente, dijo: “Sabemos que no nos podemos quedar detenidos, en estos dos meses estaremos licitando 200 contratos correspondientes al presupuesto 2022, donde la gran mayoría va a tener el reajuste polinómico. Estamos trabajando para que el año 2023, que sabemos que será un año difícil, se reduzcan los riesgos de las empresas y que tengan más seguridad”.
