Se intensifica la preocupación por el futuro de las isapres y qué es lo que pasará con los afiliados en el caso de posibles quiebras de aseguradoras.
El complejo escenario que están atravesando las instituciones privadas de salud es de público conocimiento y la Asociación de Isapres ha solicitado en reiteradas ocasiones sentido de urgencia al Gobierno, específicamente, a la Superintendencia de Salud.
Ya que esta última tiene que dar a conocer de qué manera se va a poner en marcha el reciente fallo que dictó la Corte Suprema referente a la tabla de factores que se aplicará en los planes de los más de tres millones de afiliados.
Mientras las aseguradoras piden celeridad, el superintendente de Salud, Víctor Torres aclaró que sí se está trabajando en un modelo, pero se debe actuar con "prudencia y racionalidad".
Cabe recordar que el falló fue anunciado en diciembre del 2022 y la Corte Suprema otorgó seis meses para que la Superintendencia de Salud se pronunciara respecto a cómo se aplicará la tabla de factores.
Ante esta situación, desde el Congreso han surgido diversas iniciativas para poder enfrentar el problema.
Este lunes, el diputado Eric Aedo – presidente de la bancada Demócrata Cristiana (DC) – presentó una reforma constitucional que resguarda el derecho fundamental de protección de la salud y su libre elección.
En ella, se establece un proceso excepcional de movilidad de usuarios en el evento que una institución de salud previsional deje de funcionar.
Según el documento presentado, el Estado debe cautelar el numeral 9 del artículo 19 de la Constitución: "Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado".
En ese sentido, la reforma planteada por el parlamentario indica que "excepcionalmente, en el evento que una Institución de Seguridad Previsional no mantenga su continuidad durante los dos años siguientes a la publicación de esta reforma y con el objeto de asegurar el derecho a la protección de salud consagrado en el artículo 19 numeral 9, el Ministerio de Salud deberá garantizar la libre movilidad de los usuarios que se encontraren afiliados a éstas, resguardando el derecho de cada persona a elegir libremente el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado".
Asimismo, señala que "para estos efectos, adoptará las medidas administrativas y presupuestarias que resulten necesarias para hacer respetar los planes de acuerdo a las condiciones pactadas con la Institución de Salud Previsional que haya dejado de funcionar, sin que puedan alterarse estos por razones de conflictos de pre-existencias, edad, tratamientos médicos por patologías o cualquier otra exclusión que presente el sistema de salud privado".
Finalmente, establece que "el ejercicio de este derecho en ningún caso podrá significar el abuso del mismo por parte de las entidades privadas y no será aplicable respecto de aquellas Instituciones de Salud Previsional que sean objeto de fusión, compraventa o cualquier otro acto jurídico que implique el traspaso de la cartera de afiliados".
Esta reforma se suma a otro proyectos, como el del diputado Tomas Lagomarsino, quien propuso la creación del fondo letra "E" en Fonasa, que tiene por objetivo dar garantía a los actuales beneficiarios de que, ante la quiebra de una isapre, será el Estado quien asuma la responsabilidad de otorgar los beneficios contratados, sin deterioro de coberturas ni cambios sustanciales en las condiciones contratadas, y las sentencias judiciales que obliguen la entrega de prestaciones a sus beneficiarios.
