Con una inflación desbordante -que cerró el 2022 en un violento 95% -el Gobierno de Argentina anunció a fines del año pasado el lanzamiento del programa "precios justos", una medida que contempla la fijación de los valores de 1.500 productos por cuatro meses, que no podrán aumentar más del 4%.
En el nuevo congelamiento se esperaba que participaran más de 100 empresas, que representan más del 86% del mercado, entre el rubro de alimentos, higiene personal, limpieza y otros productos asociados a la canasta básica. Al respecto el ministro de Economía,
Sergio Massa, aclaró que "el resto de los productos que comercializan esas compañías tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas".
Este nuevo programa, según explicó en ese entonces, "absorberá a los artículos incluidos en Precios Cuidados".
Luego, a principios de febrero de este año, la medida fue relanzada y continuará hasta el 30 de junio -el acuerdo incluirá 49.832 productos de 482 empresas de 15 rubros que podrán tener incrementos de hasta un 3,2% mensual-.
En dicha ocasión, Massa comentó que "esta segunda etapa tiene más premios y más castigos", y que "alguna vez planteamos que no podíamos permitir que hayan empresas internacionales que subfacturen o sobrefacturen, tampoco podemos permitir que el acceso a beneficios públicos no redunde en beneficios al consumidor, evitando picardías".
Bajo este contexto fue que un supermercado Jumbo -del grupo Cencosud-, ubicado en Buenos Aires, fue clausurado luego de que incumpliera lo estipulado por el programa de control de precios. Esto, dado que la Secretaría de Comercio de Argentina realizó un operativo a nivel nacional en la cual se efectuaron 769 multas a empresas alimenticias y supermercados en el país, y que afectó a la cadena chilena.
Desde un principio la política contra la inflación desplegada por el Gobierno de Alberto Fernández ha despertado críticas. De hecho, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) calificó la herramienta como "rudimentaria", afirmando que "la suba de precios no es la causa de la inflación sino que su consecuencia".
"Los controles de precios son un recurso rudimentario de política económica: su único fin es el de ganar tiempo hasta que llegue el momento de aplicar medidas concretas", indicó.
Según consignó a principios de año El Clarín, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se plegó a las voces que se alzaron contra la decisión de la Secretaría de Comercio de sumar al sindicato de camioneros al control del programa "Precios Justos" con una crítica directa a la medida, calificándola de ilegal.
"El gobierno nacional manda al sindicato de Camioneros y a militantes de Barrios de Pie a patotear centros de distribución para 'controlar precios'", arrancó Rodríguez Larreta un hilo en su cuenta de Twitter.
Además, se refirió a la decisión como "ilegal, que no sirve para nada y que es lo opuesto a lo que necesitamos los argentinos".
"Los controles de precios suelen ser un problema por su efecto distorsionante del mercado. En Argentina, el Gobierno quiere contrarrestar la inflación. Pero es como intentar contener un río embravecido con unos pocos guijarros"
André Richter, director de Proyectos para Argentina y Paraguay de la Fundación Friedrich Naumann
"Los controles de precios suelen ser un problema por su efecto distorsionante del mercado. En Argentina, el Gobierno quiere contrarrestar la inflación.
Pero es como intentar contener un río embravecido con unos pocos guijarros", afirmó al canal DW Lars-
André Richter, director de Proyectos para Argentina y Paraguay de la Fundación Friedrich Naumann.
"Oficialmente, la culpa de la elevada tasa de inflación se achaca a los productores y a su supuesto afán especulador. Eso es una clara distorsión de los hechos", aseguró Richter, agregando que "las máquinas de imprimir dinero, que funcionan prácticamente las veinticuatro horas del día, son las responsables. El nombre del programa también es engañoso: 'Precios justos'. Es la exageración moral de una política económica equivocada".
Por su parte, Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, un think tank de orientación liberal con base en Buenos Aires, comentó al mismo medio que "los controles de precios no pueden funcionar, porque si pones un precio por debajo del precio libre de mercado, estás distorsionando las señales y le indicas a los productores que produzcan menos, y a los consumidores, que consuman más. Por eso empieza la escasez y se vacían las góndolas en los supermercados. Y cuando liberas los precios, resulta que los que más aumentan son, naturalmente, los que fueron controlados".
Por ello, Etchebarne no cree que se logre un control de los precios. "La estrategia de precio justo por supuesto que va a fracasar, como todas las demás veces que se implementaron controles de precios en todo el mundo", recalcó.
