Durante décadas, Suiza se ha vendido como un refugio de seguridad jurídica para los inversionistas en bonos y acciones. Sin embargo, el colapso de Credit Suisse Group AG reveló algunas verdades domésticas desagradables.
En la carrera por asegurar la compra de su rival más pequeño por parte de UBS Group AG durante el fin de semana, el gobierno invocó la necesidad de estabilidad y legislación de emergencia para anular dos aspectos clave de los mercados abiertos: la ley de competencia y los derechos de los accionistas.
Luego, los tenedores de bonos descubrieron que la llamada deuda adicional de nivel 1 por valor de US$17 mil millones no tenía valor.
Aparte de la sensación de vergüenza provocada por el colapso del banco, los observadores legales dicen que estas tres sorpresas plantean algunas preguntas fundamentales sobre la primacía de la ley bancaria suiza y también siembran dudas entre los inversores extranjeros acerca de poner dinero en el país.
No es bueno para Suiza "si los inversores creen que sus derechos pueden ser anulados", dice Kern Alexander, profesor de derecho y finanzas en la Universidad de Zúrich. "La forma en que se lleva a cabo la gestión de la crisis es de pánico, y socava el estado de derecho y socava a Suiza".
Al anunciar la venta negociada por el gobierno de Credit Suisse a su rival de Zúrich el domingo por la noche, el gobierno suizo citó un artículo de su constitución que le permite emitir ordenanzas temporales "para contrarrestar amenazas existentes o inminentes de perturbación grave del orden público o problemas internos o externos". En este caso, esto incluía anular las leyes de fusión sobre los votos de los accionistas.
Luego, cuando se le preguntó a la presidenta de Finma, Marlene Amstad, durante una conferencia de prensa más tarde esa noche si el gobierno estaba ignorando las preocupaciones de competencia al impulsar la fusión, Amstad dijo que la estabilidad financiera superó las preocupaciones de competencia.
"La ley regulatoria nos otorga el poder de anular la situación competitiva en aras de la estabilidad financiera, y lo hemos utilizado aquí", resaltó.
Juntos, Credit Suisse y UBS tendrían 333.000 millones de francos suizos (360.000 millones de dólares) en depósitos de clientes, 115.000 millones de francos más que su rival más cercano, Raiffeisen, según una presentación para inversores de UBS.
Pero el mayor rechazo de los inversionistas por el acuerdo hasta ahora se refiere a la decisión del regulador bancario suizo Finma de reducir a cero los bonos AT1 emitidos por Credit Suisse.
Los bonos AT1 se introdujeron después de la crisis financiera mundial para garantizar que las pérdidas fueran asumidas por los inversionistas y no por los contribuyentes. Están destinados a actuar como un colchón de capital en tiempos de estrés. Crucialmente, la deuda de este tipo en la mayoría de los otros bancos en Europa y el Reino Unido tiene muchas más protecciones y solo los bonos AT1 emitidos por Credit Suisse y el ex rival suizo UBS tienen un lenguaje en sus términos que permite la liquidación total en lugar de una conversión a acciones.
Incluso si los riesgos de esos bonos AT1 fueran claros para los inversionistas en el momento en que los firmaron, este claro ejemplo de excepcionalismo suizo marca una desviación de la regla general de que los tenedores de bonos están antes que los accionistas.
"Vendrán muchas demandas por esto, lo que resaltará el comportamiento errático y egoísta de las autoridades suizas en esta saga", dijo Jacob Kirkegaard, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional.
La Fundación Ethos, cuyos 246 miembros de fondos de pensiones representan a 1,9 millones de personas con 370.000 millones de francos suizos en activos, ha amenazado con lo mismo sobre el tema del bloqueo de los votos de los accionistas.
"Ante este fracaso sin precedentes en la historia del centro financiero suizo, Ethos seguirá defendiendo los intereses de los accionistas minoritarios, comenzando por los fondos de pensiones suizos", expuso el lunes la fundación con sede en Ginebra y Zúrich en un comunicado .
"Todas las opciones serán examinadas en los próximos días, incluidas las legales, para determinar las responsabilidades de esta debacle", dijo.
Mientras tanto, el bufete de abogados estadounidense Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan dijo que organizará una llamada para los tenedores de bonos el miércoles con representantes de sus oficinas en Zúrich, Nueva York y Londres para hablar sobre las "vías potenciales de reparación que los tenedores de bonos deberían considerar".
