La Fiscalía Nacional Económica (FNE) levantó una serie de alarmas por riesgos competitivos al interior de la industria de centros comerciales en el país. Esto, ayer durante su exposición ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), en el marco de una consulta realizada por la Asociación Gremial del Retail Comercial para resolver si es que existen hechos, actos o contatos que reflejen potenciales conductas anticompetitivas en ese mercado.
En ese sentido, el subjefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía, Alejandro Domic, señaló que existen múltiples puntos de contacto entre los grupos que administran centros comerciales, así como entre éstos y empresas relacionadas de retail.
La investigación del organismo se realizó en las sociedades que forman parte del grupo
Plaza, Cencosud Shopping, Parque Arauco, VivoCorp, Marina, y Pasmar.
Domic indicó que es necesario adoptar medidas efectivas y verificables para evitar flujos de información comercial estratégica de éstos o de sus locatarios.
En concreto, el representante de la FNE sostuvo que es necesario limitar la participación simultánea de ejecutivos y directores en sociedades que vinculen a distintos operadores de malls o en empresas de retail y establecer reglas estrictas respecto del acceso y manejo de información comercial estratégica.
En tanto, el documento de 70 carillas concluyó que "es posible advertir una serie de características de la industria de centros comerciales tipo mall que pueden incidir en las interacciones entre operadores y locatarios".
En ese sentido, el fiscal explicó que este contexto estructural de la industria ha permitido imponer a los comercios cláusulas y condiciones comerciales que no tendrían justificación. Además, estos dan cuenta de la existencia de un desequilibrio en el poder de negociación que puede afectar la libre competencia que debe existir tanto entre centros comerciales por atraer a distintos tipos de tiendas, como también en la autonomía de éstas para definir sus estrategias comerciales.
Por lo mismo, la FNE propuso reducir las restricciones para poner término anticipado a los contratos de arriendo de locales, dando aviso con suficiente antelación; eliminar las prácticas de arriendo condicionado entre locales y aquellas que limiten la libertad de los comercios para determinar sus precios y ejecutar promociones en diferentes canales de venta.
Sumado a ello agregan limitar la información comercial a que tienen acceso los operadores de centros comerciales a la estrictamente necesaria.
